Negocio cerrado por Pro Consumidor en SDE | Foto: Pro Consumidor
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este jueves que fueron clausurados ocho negocios en el municipio de Santo Domingo Este, por presencia de plagas, productos vencidos, oxidados y bebidas alcohólicas adulteradas, por lo que ponían en riesgo la salud de los consumidores que adquirían productos en esos comercios.
Según señala un comunicado, el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que con estos cierres se eleva a más de una veintena los establecimientos que han sido clausurados en los últimos días en ese municipio de la provincia Santo Domingo, en franca violación a la Ley 358-05 de Protección a los Derechos del Consumidor.
Dijo que estos negocios fueron cerrados durante un amplio operativo que se viene desarrollando en diferentes sectores del Gran Santo Domingo y pueblos del interior del país en aras de garantizar la calidad de vida de los consumidores y a propósito de las muertes ocurridas por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, como aconteció en el sector Juan Pablo Duarte, del municipio Santo Domingo Este, donde fallecieron ocho personas el pasado fin de semana.
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Citó que hubo cierres de negocios en los sectores Ensanche La Isabelita; Los Frailes I; La Ureña; Prados del Este, Juan Pablo Duarte y Cancino II.
El director de Pro Consumidor también indicó que estos establecimientos dedicados a la venta de alimentos y otros productos no garantizaban la salud de los consumidores por el ambiente interno de riesgo en el que se encontraban.
Agregó que además de los cierres en este municipio, se les impuso a los propietarios una multa de cinco a 10 salarios mínimos, al tiempo que aseveró que los mismos no pueden operar hasta que realicen las mejoras necesarias.
“Vamos a procurar que los negocios que sean cerrados por la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, sean clausurados de manera definitiva”, precisó Alcántara.
Asimismo, anunció que los operativos de inspección y vigilancia continuarán en todo el territorio nacional para garantizar que se respeten los derechos de la población en el consumo o uso de bienes y servicios.
