La legislación, que entrará en vigor el primero de diciembre de este año, establece un nuevo sistema para la supervisión y la gestión del mercado de las vacunas, especialmente durante la producción y distribución de estos productos.

Asimismo, la ley establece castigos severos a quienes produzcan o vendan vacunas falsas o deficitarias, según la agencia oficial.

También advierte de que las conductas ilegales, como la manipulación de datos, recibirán un castigo severo.

La normativa, aprobada durante una sesión de la Asamblea Popular Nacional (Legislativo), llega tras el escándalo social que generó un caso de vacunas adulteradas en julio del año pasado.

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Entonces, las autoridades detectaron que la farmacéutica Changsheng Bio-Technology había utilizado materiales caducados en la elaboración de vacunas liofilizadas contra la rabia de uso humano y no registraba correctamente las fechas o los números de serie de los productos al menos desde 2014.

El caso impulsó una inspección nacional a todos los fabricantes de vacunas en el país, en la que no se encontraron problemas adicionales, y se impuso a Changsheng una multa de 9.100 millones de yuanes (unos 1.300 millones de dólares o 1.100 millones de euros).

Sin embargo, aquel incidente desató una oleada de desconfianza entre los ciudadanos chinos hacia su sistema sanitario, que en otras ocasiones ha vivido otros ejemplos de adulteración de fármacos.

Además, Changsheng ya había sido multada en octubre de 2017 con 500.000 dólares por la pobre efectividad de otras 250.000 vacunas contra la difteria, la tosferina y el tétanos, lo que obligó a las autoridades a llevar a cabo una masiva retirada de estos productos y reinocular la vacuna a más de 200.000 niños.

Después, en enero de 2019, cientos de padres protestaron tras conocerse que al menos 145 niños han recibido vacunas orales contra la poliomielitis caducadas en la provincia de Jiangsu, en el este del país.