Foto: Twitter Marcha Verde
Con la finalidad de que no se siga “empeñando el futuro de nuestra patria”, el Centro Juan XXIII ofreció su apoyo a la Marcha del Millón del próximo domingo 12 de agosto, actividad que exije el fin la corrupción y la impunidad en el Gobierno.
En un comunicado, la institución instó a no dejar a los funcionarios corruptos burlarse del pueblo al enriquecerse de las arcas del estado.
“Desde su fundación el Centro Juan XXIII ha luchado por una gestión gubernamental honesta, transparente y eficiente, sin importar quién sea el gobernante de turno ni los intereses particulares de gremios profesionales, empresariales, partidarios o de otra índole”, manifestó.
“Hay más de un millón de razones para marchar. Es necesario que la ciudadanía se empodere, que asuma un rol activo en la lucha contra la corrupción y la impunidad, que levante su voz en contra de cualquier régimen que impone una visión retorcida de la política y del servicio público”, precisa el escrito.
El interés es que gobiernen bien.
El Centro ha asumido la lucha de la aplicación de la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, bajo el entendido de que la legislación es el principal instrumento que existe en la lucha contra la corrupción administrativa, involucrando tanto a órganos de fiscalización como la Cámara de Cuentas, como de investigación y persecución por parte de la Procuraduría General de la República.
Consideró “muy preocupante” que la Procuraduría General de la República no haya abierto ni una sola investigación relacionada con los casos en que los funcionarios nuevos o salientes no hayan presentado (o lo hayan hecho de manera tardía) su Declaración Jurada de Patrimonio.
Indicó que lo mismo pasa en la Cámara de Diputados, donde no se ha abierto juicio político en contra de los diputados que aún no han presentado su Declaración y la Tesorería Nacional no ha retenido los salarios de ningún funcionario, electo o no, por no presentar la misma.
“La falta del cumplimiento de la ley contribuye a cimentar el régimen de impunidad que impera en el país. ¿Estamos quizás ante el más grande caso de prevaricación en la historia de la República?”, concluyó.
