Miguel Ceara Hatton | Foto: Kelvin de la Cruz
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, aseguró este viernes que ninguna grancera tiene permiso para extraer agregados para la construcción de las riberas o el cauce del Yuna y de ningún otro río del país.
Ceara Hatton indicó que está totalmente prohibido extraer arena de los ríos. “No se puede sacar ni un grano de arena (de los ríos)”, dijo. “Si sorprendemos a alguien sacando arena inmediatamente es apresado, multado y se le confisca el material extraído”, enfatizó.
El titular de Medio Ambiente dijo que históricamente en el país ha habido una intervención abusiva por parte de los areneros y reiteró el compromiso de su gestión de cuidar los recursos naturales del país.
Recordó que esa institución tiene un viceministerio de Suelos y Aguas que se encarga de esa área. Además, que este año se pudo actualizar en RD$16.00 por metro cúbico extraído la tarifa ambiental única por concepto de remoción, explotación y extracción de componentes de la corteza terrestre, la cual llevaba dos décadas en RD$4.00, como lo establecía el Decreto 145-03, del 13 de febrero de 2003.
“Reconocemos el reto que tenemos con el Medio Ambiente y sabemos que ha habido una intervención abusiva, sobre todo, por parte de los areneros, para extraer material de construcción. Nos hemos mantenido vigilantes, ya que el tema del agua es un asunto de seguridad nacional, como lo ha indicado el presidente de la República”, resaltó.
Destacó la digitalización de los procesos de permisología que está implementando el MMARN, con el objetivo de brindar a la ciudadanía un servicio más eficiente y con mayor transparencia.
“Estamos digitalizando todo el proceso de permisología y para el mes de noviembre tendremos todo listo, existen criterios claros y objetivos ya que en ocasiones se han confundido la categoría de los permisos y esta será una forma de saber quién es responsable de cada permiso”, explicó.
Ceara Hatton resaltó que su gestión mantiene una política de tolerancia cero contra cualquier indicio de actos de corrupción que se pudiera presentar en las áreas técnicas que están obligadas a brindar un servicio gratuito y oportuno a la ciudadanía.
