Tomando en cuenta que la corrupción y sus diferentes manifestaciones son condenadas legal y moralmente en las naciones democráticas, es lógico inferir que los ciudadanos castigarían con un voto en contra a los políticos acusados o asociados a casos de corrupción. Sin embargo, las evidencias al respecto son mixtas. Por un lado, algunos estudios revelan que una ciudadanía bien informada sobre casos de corrupción reduce la probabilidad de reelección de tales políticos (Ferraz y Finan 2008). Por otro lado, diversos factores coadyuvan a que muchos políticos sean reelectos a pesar de ser acusados de corrupción (Muñoz et al 2016).

A menos de dos meses de las elecciones municipales y a un poco más de cuatro de las presidenciales y congresuales, aún existe mucha incertidumbre sobre el posible voto de castigo al político asociado a casos de corrupción. Al parecer, la corrupción no es un tema blanco y negro. Por ejemplo, en un experimento realizado en la India, el Dr. Simon Welsche demostró que los ciudadanos castigan con ligereza a los políticos que usan el dinero proveniente de corrupción para la compra de votos, mientras que, castigan con severidad a los políticos que hacen uso de la corrupción para enriquecerse (2016).

Al parecer, los votantes no ponen a los políticos acusados de corrupción en una misma categoría. De hecho, si el político acusado de corrupción es del mismo partido que el votante, este ultimo es más propenso a hacerse de la vista gorda (Anduiza et al 2013); si el ciudadano entiende que la corrupción asociada con el político trajo consigo obras de infraestructura a su comunidad, ‘el apoyo va’ (Klasnja et al 2017); y en países con altos niveles de corrupción, los votantes ignoran este problema siempre y cuando la economía vaya en crecimiento (Klasnja y Tucker 2013).

De acuerdo con un estudio de Latinobarómetro sobre “La cultura política de la democracia en América” (2016-17), en la Republica Dominicana cerca de un 65% de la población cree que más de la mitad o todos los políticos están involucrados en corrupción. Este dato, sumado al hecho de que el país ha experimentado un crecimiento económico estable desde el 2004, indica que el dominicano es propenso a ignorar las acusaciones de corrupción a la hora de votar (World Bank 2019).

Por preocupante que parezca, este dato no es nuevo. Por ejemplo, en el 2017 la encuesta Gallup-Hoy encontró que el “89% de los dominicanos califica como muy alarmantes los niveles de corrupción existentes,” pero que el “60% estima que a la hora de votar a la gente no le importa nada que los candidatos sean corruptos” (Gallup-Hoy 2017).

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Si bien nuestra democracia es débil, tiene aspectos bien estructurados como la libertad de prensa. De hecho, nuestro país cuenta con un sin numero de periodistas, periódicos, programas radiales y de televisión que a diario dejan al descubierto la moral de bisutería que caracteriza a muchos políticos. Por desgracia, la divulgación de esta información no ha logrado producir un castigo electoral y mucho menos judicial.

Factores como el clientelismo y la pobreza mitigan el voto anticorrupción. Como resultado, titulares y candidatos acusados de diferentes delitos logran salir airosos en las contiendas electorales. La realidad es que la pobreza crea las condiciones de vulnerabilidad necesarias para que la compra de votos y otras tácticas clientelares manipulen la voluntad de los votantes (Stokes et al 2013).

Entonces, si ya sabemos que la mayoría de los dominicanos seguirán votando por corruptos ¿Cuál es el punto de este artículo?

Mi objetivo es resaltar que cuando el ciudadano vota por un político acusado de corrupción, no lo hace porque sea tonto, ignorante o antipatriota. En realidad, los estudios indican que los votantes toman en cuenta entre otros factores su identidad partidaria, la economía y la probabilidad de obtener favores políticos. Quizás, más que resaltar las fallas del malo conocido convenga pregonar los beneficios que trae el bueno por conocer.

 Referencias

Anduiza, E., Gallego, A. & Muñoz, J. (2013). Turning a Blind Eye: Experimental Evidence of Partisan Bias in Attitudes Toward Corruption. Comparative Political Studies 46 (12) 1664–1692

Ferraz, C. and Finan, F (2008). Exposing Corrupt Politicians: The Effects of Brazil’s Publicly Released Audits on Electoral Outcomes. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 123, No. 2 (May, 2008), pp. 703-745

Klasnja, M., Lupu, N. & Tucker, J. A. (2017). When Do Voters Sanction Corrupt Politicians?. Paper presented at the 2017 Annual Meeting of the European Political Science Association.

Klasnja, M. & Tucker, J. A. (2013). The economy, corruption, and the vote: Evidence from experiments in Sweden and Moldova. Electoral Studies 32 (2013) 536–543

Muñoz, J., Anduiza, E. & Gallego, A. (2016). Why do voters forgive corrupt mayors? Implicit exchange, credibility of information and clean alternatives. Local Government Studies, 42:4, 598-615, DOI: 10.1080/03003930.2016.1154847

Stokes, S. Dunning, T. Nazareno, M., and Brusco, V. (2013). Brokers, Voters, and Clientelism, The Puzzle of Distributive Politics. Cambridge Universy Press

Welch, Susan, and John R. Hibbing. 1997. The Effects of Charges of Corruption on Voting Behavior in Congressional Elections, 1982-1990. The Journal of Politics 59 (1): 226-239.

 

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