Miguel Surun Hernández | Foto: Julia Flores
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) prepara los expedientes de 18 transacciones realizadas por el gremio que motivaron la realización de una investigación especial por parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, pare ser entregados a ese organismo fiscalizador
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, informó que “a pesar de que la Cámara de Cuentas no tiene facultad de auditar al gremio, sino solo de fiscalizar, asesorar y realizar una evaluación de gestión, nosotros le vamos a entregar todos los detalles de 18 operaciones mencionadas en la instancia oficial que nos fuera entregada durante la accion de amparo celebrada el pasado viernes, con el objetivo de despejar dudas y para que tanto ellos como el país puedan constatar que el Colegio de Abogados de RD actúa con transparencia, pulcritud, apegado a la ley y regulaciones existentes”.
El jurista enfatizó que “en la actual gestión del CARD no tiene nada que temer, aplica sólidos controles contables y un eficiente manejo de los limitados fondos que ingresan a la institución, con un manejo de recursos con apego a la Ley 340-06, a pesar de no manejar recursos públicos".
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Destacó que todos los informes financieros y procesos son publicados mensualmente en la página institucional del Colegio, con el objetivo de que los abogados, abogadas y la población en general sepan en qué son invertidos los recursos de esa institución de carácter privado.
Surun Hernández también informó que la Junta Directiva está y siempre estará abierta a la realización de auditorías, pero que las mismas sean realizadas por el Fiscal de Cuentas y por una firma auditora privada, tal y como lo establece el artículo 83 de la Ley 3-19 del gremio.
En ese orden, anunció que la Junta Directiva del CARD autorizó el inicio del proceso para la realización de una auditoría financiera del Colegio de Abogados de la República Dominicana correspondiente al último período fiscal, para el cual realizarán una licitación para la elección de una firma auditora privada.
El gremio solicitó la participación de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, del Colegio de Contadores Públicos, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y de Participación Ciudadana para que fiscalicen el proceso y confirmen la transparencia y diafanidad con que se manejan los recursos no estatales del gremio.
