Miguel Surun Hernández | Foto: Kelvin de la Cruz
El Colegio de Abogados de la República Dominicana denunció la violación flagrante del Auto 48-2013 emitido por la Suprema Corte de Justicia que estableció la indexación de los montos a cobrar por los abogados de las liquidaciones de costas y honorarios por parte de algunos actores del sistema, lo que perjudica a la clase jurídica en general.
Un comunicado destaca que Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, explicó que la Ley 302 sobre Honorarios de Abogados, del 18 de junio de 1964, actualizada por la Ley 95-88 del 20 de noviembre del 1988 establece los montos mínimos de los honorarios que deben ser cobrados por los abogados en el ejercicio de su labor profesional en justicia o fuera de ella e indica que se determinarán los mismos, con arreglo a la Ley. Dichas tarifas fueron actualizadas a través del Auto 48-2013 hace siete años.
Surun Hernández denunció que el problema ha surgido porque a la hora que los profesionales del Derecho concluyen un determinado proceso acuden a los tribunales para definir sus respectivas liquidaciones y se encuentran con el problema de que se quiere y se pretende aplicar los montos de hace 60 años, a pesar de que en el 2013 dichos montos fueron indexados, lo que perjudica a los abogados porque obtienen liquidaciones irrisorias.
“Estamos hablando de algo tan grave como que una notificación que en muchos casos puede costar de tres a cinco mil pesos, se pretende fijar el monto de hace 60 años en la suma de RD$10.00, RD$15 Y RD$20 en algunos casos”, expresó Surun Hernández.
El presidente del CARD calificó la situación como desesperante y por eso que el gremio ha solicitado al Presidente de la Suprema Corte de Justicia adoptar medidas urgentes para que sean aplicadas las indexaciones correspondientes contenidas en el Auto 48-2013 y que se avoquen a la indexación hasta el 2019, tomando en cuenta el nivel de inflación registrado en la economía nacional.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana advirtió se mantendrá alerta para que los derechos laborales de los juristas, muy específicamente el derecho fundamental a recibir la compensación por el trabajo realizado sea respetado.
