Foto: Cancillería
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), en su calidad de presidente de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, presentó el primer informe sobre la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH).
En nombre del canciller Miguel Vargas, el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos de Política Exterior Multilateral, Vinicio Tobal, agradeció al Reino de España y a la Unión Europea (UE) por la asistencia ofrecida al PNDH.
En cuanto al contenido del informe, la embajadora Rhadys Abreu de Polanco, directora general de Derechos Humanos del Mirex, resaltó la entrega al Congreso Nacional del anteproyecto de ley de crianza positiva, así como la Campaña Nacional de Promoción de Crianza Positiva y la implementación de un nuevo proceso de evaluación de los docentes, como puntos luminosos de esta primera fase del PNDH.
De su lado, Gianluca Grippa, embajador de la UE en el país, felicitó al Mirex por el monitoreo semestral al PNDH, de acuerdo a un comunicado de prensa enviado a esta redacción.
El diplomático saludó varias de las medidas tomadas dentro del plan, resaltando la de la Junta Central Electoral (JCE) para facilitar a las personas con discapacidad física el acceso al voto, y el proyecto de ley de modificación del Código Civil para eliminar las excepciones que permiten el matrimonio entre los menores de edad.
“Como socios del proceso, estaremos atentos para la próxima rendición de cuentas, y disponibles a apoyar el proceso de implementación a favor de garantizar los derechos humanos de toda la población dominicana”, enfatizó Grippa.
Igualmente, Alejandro Abellán, embajador de España, expresó que su nación quiere unirse al reconocimiento internacional que República Dominicana va obteniendo en los distintos foros internacionales en relación al aumento significativo de medidas dirigidas a la protección efectiva de los derechos humanos de la población que habita en el país.
Puesto en marcha por el canciller Miguel Vargas el 10 de diciembre de 2018, el PNDH es el primer plan en su clase que adopta el Estado dominicano como un marco de acciones para introducir la perspectiva de derechos humanos en las políticas y decisiones de todos los poderes públicos de una manera transversal.
