Alexis Medina Sánchez | Captura de pantalla del Poder Judicial RD
El Ministerio Público calificó este jueves de "irracional" la decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que mantuvo la prisión domiciliaria a Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa y José Dolores Santana, acusados de formar parte de una supuesta red de corrupción.
"La corte ha tomado una decisión irracional, en el mismo nivel de irracionalidad de la decisión que había tomado previamente el Séptimo Juzgado de la Instrucción, que no valoró en consecuencia, elementos, a los que hemos hecho (alusión) nosotros en el Séptimo Juzgado de la Instrucción y que hemos hecho aquí, con relación al nivel de complejidad de estos procesos", dijo el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Camacho se expresó en esos términos a través de un comunicado enviado por la Procuraduría General de la República (PGR).
El magistrado aseguró que en la audiencia de este jueves el tribunal, formado por las juezas Nancy Joaquín, presidenta de la sala, María Daneira García y Daniel Nolasco, no respondió a los argumentos planteados por el Ministerio Público para revertir la decisión que envió a prisión domiciliaria a los imputados.
"No sabemos si en este caso el tribunal lo hará en su decisión por escrito, pero en la decisión oral que se rindió en el día de hoy, la corte ha dejado de responder los principales argumentos presentados por el Ministerio Público", sostuvo Camacho.
En la audiencia de este jueves el Ministerio Público buscaba el cese de la resolución que varió a prisión domiciliaria la medida de coerción de prisión de preventiva que pesaba sobre los acusados Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, decisión que fue tomada por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Para hacer efectiva esta variación, Medina Sánchez, principal acusado del caso, presentó una garantía económica de 60 millones de pesos y Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), otra de 30 millones de pesos.
En tanto que a José Dolores Santana y a Wacal Bernabé Méndez Pineda les impuestas garantías de 20 millones de pesos a cada uno.
"Podemos concluir que se trata de otra decisión irracional, pero las irracionalidades suelen ser comunes en los casos de corrupción", acotó Camacho.
El Ministerio Público acusa a Medina Sánchez de supuestamente dirigir un entramado de corrupción que presuntamente estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías enfrentan cargos en un extenso expediente por presunta corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas. También, el caso se sigue contra Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las empresas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
El pasado 1 de agosto, por su presunta vinculación con el caso, el juez Peguero impuso prisión preventiva de tres meses a Carlos Montes de Oca, para cumplirla como los demás acusados en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, mientras que a Paola Mercedes Suazo se le impuso garantía económica, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país.
