Wilson Camacho, titular de la Pepca | Foto: Prensa PGR
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), consideró la noche de ayer jueves que la justicia deberá mantener las medidas de coerción que pesan contra los imputados en el Caso Pulpo.
“Lo que ha sucedido en las horas que nos hemos pasado en audiencia en el día de hoy (para la revisión de las medidas de coerción), es que nos las hemos pasado escuchando los mismos argumentos y las mismas documentaciones repetidas por parte de la defensa”, declaró Camacho.
“La defensa se ha mantenido estática, se ha mantenido estancada, mientras las investigaciones del Ministerio Público han seguido evolucionando; esa es la realidad que hemos visto en el día de hoy y, en consecuencia, nosotros entendemos que el juez debe mantener la medida de coerción que pesa sobre los imputados en el Caso Pulpo hasta el momento”, insistió.
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Explicó que han presentado, prácticamente, los mismos arraigos que se presentaron ante el entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien impuso las medidas de coerción y los mismos arraigos que se presentaron ante la Corte de Apelación, “por ende el resultado debe ser el mismo”.
Dijo a miembros de la prensa que lo abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que el tribunal decidió que la presentación del Ministerio Público continuara el lunes y suspendió la audiencia por lo avanzado de la hora.
“Nosotros nunca les hemos rehuido a la audiencia, nosotros siempre hemos estado listos para responder y, sobre todo, cuando la defensa ha presentado los argumentos”, señaló.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, están a cargo de la investigación y el litigio del caso contra un grupo de imputados de beneficiarse de forma irregular de miles de millones de pesos de los fondos públicos.
El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez Abreu, conoce la revisión de las medidas de coerción impuestas en diciembre pasado por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
El magistrado Martínez Abreu aplazó la audiencia para el próximo lunes 8 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.
El Ministerio Público procura que se le mantenga la prisión preventiva a Juan Alexis Medina Sánchez, quien es el principal acusado de dirigir el entramado de corrupción que se enriqueció a costa de los recursos de los contribuyentes, valiéndose de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020).
También que sea ratificada la prisión preventiva a Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oisoe; Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Wacal Vernavel Méndez Pineda, Julián Esteban Suriel Suazo y a José Dolores Santana Carmona, imputados como presuntos testaferros de Alexis Medina.
Al grupo se le impuso en diciembre pasado tres meses de prisión preventiva que cumplen en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Los fiscales además procuran que se mantenga el arresto domiciliario por tres meses impuesto a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y de Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud.
Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar en diciembre pasado una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.
Por igual, el Ministerio Público busca que sea confirmado el arresto domiciliario e impedimento de salida del país impuesto a Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República, y la presentación periódica impuesta al encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz.
La investigación del Ministerio Público desarticuló en diciembre pasado la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpetas controladas por Juan Alexis Medina Sánchez.
