Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho | Foto: PGR
El procurador adjunto Wilson Camacho ponderó la correcta decisión del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al acoger este miércoles la solicitud del Ministerio Público para mantener la prisión preventiva a los imputados por corrupción administrativa en las operaciones Coral y Coral 5G.
Camacho, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó la decisión emitida por el tribunal y ponderó los esfuerzos de los equipos de fiscales que trabajan para evitar la impunidad en los casos de sustracción de fondos de los contribuyentes.
“Nosotros construimos los casos con la suficiente fortaleza como para que puedan resistir cualquier embate. ¿Qué esperamos nosotros en consecuencia? Que el Poder Judicial se coloque a la altura de las circunstancias”, expuso al responder preguntas de la prensa luego de la confirmación de las medidas de coerción.
“El tribunal ha revisado las medidas de coerción de siete de los acusados de este proceso y ha mantenido estas medidas de coerción, y las ha mantenido sobre la base de que los peligros para el proceso, y la necesidad de tutelar las demás etapas del proceso, hace necesario el mantenimiento de la medida de coerción, y a nuestro juicio esa es una decisión correcta”, expresó.
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“Este es un proceso en el que en algún momento la historia nos evaluará y de una cosa ustedes pueden estar seguros, cuando eso suceda nosotros habremos dado el cien por ciento para derrotar la impunidad en República Dominicana”, dijo, en referencia al rol social que juega el Ministerio Público en estos momentos.
La jueza Yanibet Rivas durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción ratificó la prisión preventiva a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como al capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón, acusados del caso Coral 5G.
También, fue confirmada la prisión a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), y al coronel policial Rafael Núñez de Aza, de Coral.
El grupo cumple prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.
Previamente, la jueza Rivas aplazó para el próximo 26 de septiembre la audiencia para la revisión de la medida a Adán Cáceres, principal acusado del Coral, luego de que acogiera una solicitud del acusado y sus abogados defensores.
Además, fijó la próxima audiencia de revisión obligatoria de la medida para el 14 de diciembre de este año.
En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, Melbin Romero, Jonathan Pérez, Enmanuel Ramírez, y Arolin Lemus.
Por razones de espacio la audiencia se celebró en la Octava Sala Penal.
Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
En la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD). Además, el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
El pasado viernes 9 de septiembre la magistrada Rivas acogió la solicitud de las defensas y aplazó para el 28 de octubre la audiencia para conocer sobre la fusión de los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G planteada por el Ministerio Público.
