Wilson Camacho, titular de la Pepca | Foto: Prensa PGR
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró ayer lunes que el Ministerio Público ha presentado pruebas suficientes para que sean condenados por enriquecimiento ilícito los imputados del Caso Odebrecht.
“En el día de hoy hemos demostrado al tribunal cómo los funcionarios involucrados en este proceso deben ser condenados por enriquecimiento ilícito y esas pruebas se aportaron en el tribunal, incluso, indicando los bienes y cuentas que fueron ocultados por funcionarios que están vinculados en este proceso”, precisó Camacho.
Resaltó que, gracias a la transmisión del juicio habilitada por el Poder Judicial a través de su canal oficial de Youtube, toda la sociedad puede ver la realidad objetiva de la acusación que sostiene el Ministerio Público en el caso Odebrecht.
Destacó que el Ministerio Público establece en sus conclusiones las razones por las que el tribunal deberá pronunciar sentencia condenatoria con relación al tema de lavado de activos.
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“Esperamos avanzar con el resto de los imputados que faltan y, a más tardar el jueves, estar presentando las conclusiones formales y que al final el tribunal tome una decisión, y que esa decisión sea ajustada a la verdad y al derecho que es lo que espera el Ministerio Público”, dijo el titular de la Pepca.
Camacho agradeció a los periodistas que cubren la fuente del Poder Judicial y que, antes de abordarlo sobre el caso, le desearon una recuperación completa de su salud luego de superar la COVID-19.
Respecto al acusado Porfirio Andrés Bautista García, el procurador adjunto reafirmó que el exsenador exhibió un enriquecimiento de más de más de 1,090 millones de pesos. Como solo un ejemplo, recordó que el Ministerio Público presentó al tribunal una lista de bienes inmuebles que fueron excluidos por el imputado en su declaración jurada de patrimonio.
Incluso, dijo, el imputado presentó dos declaraciones juradas fuera de fecha. “Y hemos establecido cómo se actuó en consecuencia contrario a la Ley 82-79, que es la que regía la materia”, agregó Camacho, quien encabeza el equipo de fiscales litigantes que forman parte de la lucha contra la impunidad.
La audiencia continúa este martes 27 de julio a las 9:00 de la mañana. Este lunes, los fiscales Mirna Ortiz, Joel López y Ángel Darío Tejeda Fabal presentaron los alegatos de clausura respecto a la acusación contra los imputados Ángel Rondón Rijo, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Porfirio Andrés Bautista García.
En el proceso el Ministerio Público demostró que el imputado Ángel Rondón Rijo constituyó un entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito de esa empresa.
Después de que Ortiz finalizara sus planteamientos respecto a Rondón Rijo, el fiscal Joel López continuó con la exposición de la conclusión respecto a los sobornos entregados a Tommy Alberto Galán Grullón.
El representante del Ministerio Público dijo que el tribunal ha podido comprobar durante el juicio cómo Galán Grullón fue aumentando sus ingresos de forma ilegítima.
Explicó, durante su intervención, que su crecimiento patrimonial se produjo cuando la empresa Odebrecht estaba en pleno apogeo, “cuando se estaban desarrollando las obras de importancia que realizó esa compañía en el país”.
Posteriormente, presentó el discurso de clausura respecto al procesado Roberto Rodríguez Hernández, quien dijo ocultó informaciones relevantes en sus declaraciones juradas.
En ese sentido, indicó que no declaró varias sociedades comerciales de las cuales formaba parte, entre ellas, algunas de las que tenía el 50% de las acciones según las pruebas obtenidas.
Dijo que el tribunal está en condiciones de dictar una sentencia condenatoria en contra del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández, quien es acusado de incurrir en actividades del lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones juradas.
En tanto que el fiscal Tejeda Fabal presentó el discurso de clausura respecto al imputado Porfirio Andrés Bautista García, durante el cual resaltó que se enriqueció de manera ilícita.
Además, según las pruebas aportadas por el Ministerio Público quedó evidenciado la falsedad en sus declaraciones juradas de bienes al omitir de forma deliberada la existencia de una gran cantidad de bienes.
En la actual fase del proceso, el Ministerio Público expone sus conclusiones respecto a la acusación presentada en contra del representante empresarial Ángel Rondón Rijo y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, así como de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa; Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado, y Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador de San Cristóbal.
A todos se les imputa haber participado en la recepción y distribución de los US$92 millones que la constructora brasileña admitió haber entregado en el país con el fin de ser favorecida con la adjudicación de grandes obras estatales.
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dispusieron este lunes la reanudación del juicio, luego de que fuera suspendido el pasado 15 de julio para dar tiempo a las partes de preparar sus discursos de clausura.
Luego de un receso al mediodía, la audiencia continuaba su desarrollo en horas de la tarde de este lunes 26 de julio y luego de agotar la agenda del día fue suspendido hasta este martes 27 de julio donde el Ministerio Público presentará sus discursos de clausura relativos a los imputados Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga Arzeno.
