Wilson Camacho | Foto: PGR
El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, señaló ayer domingo la conveniencia de fusionar los casos derivados de las operaciones Coral y Coral 5G que permitieron desmantelar un presunto entramado de corrupción.
La Operación "Coral 5G es una continuación de la Operación Coral y, siendo los mismos hechos, las mismas personas, lo que procede es que estos casos vayan a un mismo Tribunal control y, por economía procesal, que se lleven a un mismo espacio donde esté el mismo Ministerio Público", dijo Camacho en declaraciones a la prensa.
El procurador adjunto atendió a los medios minutos antes del inicio de la sesión para conocer las medidas coercitivas que se impondrá a los 13 detenidos acusados de integrar la supuesta red, de la que formaban parte oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales.
"La corrupción no tiene espacio donde esconderse en República Dominicana. No podrá esconderse detrás de un uniforme y un rango militar, y no podrá esconderse porque eso no es justo", especialmente para "los hombres y mujeres que dignifican el uniforme", afirmó.
Estos servidores "ven afectadas sus vidas dentro de los cuerpos castrenses porque el dinero que puede servir para mejorar su calidad de vida es sustraído por un grupo de personas que se enriquecen y viven lujos a costa del bienestar de la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas", dijo.
El Ministerio Público depositó el pasado viernes la solicitud de medida de coerción contra los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, vinculados junto con otras 10 personas al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.
La solicitud de medida de coerción cuenta con más de 600 páginas y 700 medios de pruebas documentales contra los acusados para quienes se pide la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja.
Además de los generales mencionados, en el caso están imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
La red de corrupción desmantelada movió al menos 4,500 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público durante la investigación, y hasta el momento ha permitido la incautación de unas 125 propiedades.
