Wilson Camacho, titular del Pepca I Foto: PGR
El Ministerio Público aseguró este lunes que las "falencias" en la sentencia en primera instancia sobre los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht admitió pagó en el país serán corregidas en la Corte de Apelación a favor de los fiscales.
Así se expresó el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, luego de que la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazara para el 4 de julio próximo el inicio del proceso en segunda instancia.
"La decisión que ha recurrido el Ministerio Público es una decisión que tiene algunas contradicciones evidentes y una apreciación incorrecta en algunos hechos y algunas pruebas", dijo Camacho en un comunicado, luego de la decisión del tribunal.
El Ministerio Público apeló la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional del pasado octubre, que impuso ocho años de prisión al empresario Ángel Rondón y cinco años de reclusión al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, tras hallarlos culpables de aceptar sobornos de Odebrecht.
El organismo también apeló la decisión del tribunal de descargar al Conrado Pittaluga Arzeno, a quien acusa de supuesto testaferro de Díaz Rúa.
El juzgado también descargó al expresidente del Senado Andrés Bautista, así como a los exsenadores Tommy Galán y Roberto Rodríguez, pero el Ministerio Público no apeló esas decisiones.
El Primer Tribunal Colegiado halló culpable a Díaz Rúa de lavado de activos, mientras que Rondón fue encontrado culpable de lavado y por el pago de sobornos.
Ambos imputados también fueron condenados a pagar sendas multas equivalentes a 200 salarios mínimos.
Además, se ordenó del decomiso de dos empresas de Rondón, así como de numerosos bienes de Díaz Rúa, entre ellos sendos inmuebles en La Romana y Santo Domingo, tres empresas, un yate y cinco cuentas bancarias.
El caso Odebrecht investigó el pago de sobornos por parte de la constructora brasileña para adjudicarse obras públicas en República Dominicana y para conseguir la aprobación parlamentaria de la correspondiente financiación de esos proyectos.
La empresa admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014 en República Dominicana, en un acuerdo firmado con la Justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza, en el que admitió haber hecho pagos millonarios ilegales en doce países de América Latina y África.
