Jair Bolsonaro, presidente de Brasil | Foto: EFE/ Isac Nobrega
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, bajó este jueves el tono frente al Parlamento, los gobernadores y los alcaldes, a los que se mantiene enfrentado por el combate al COVID-19, y planteó un amplio diálogo para "vencer esta crisis".
Bolsonaro encabezó desde Brasilia una reunión telemática en la que participaron miembros de su gabinete, gobernadores, alcaldes y representantes de la cámaras legislativas, y en la que, en sus primeras palabras, se mostró sereno, aunque preocupado por el avance de la pandemia en el país, hoy uno de los más afectados del mundo.
"Debemos dar continuidad al esfuerzo de todos en la búsqueda de mitigar problemas y alcanzar a aquellos que son afectados por esa crisis, cuyo tamaño todavía desconocemos" y que hasta ahora ya ha dejado en el país casi 19.000 muertos y cerca de 292.000 casos, indicó.
"Sabemos cómo esto perjudica a Brasil y a todo el mundo", dijo el líder de la ultraderecha, que a pesar de su tono más suave se centró mucho más en los efectos económicos y el impacto sobre el empleo de un virus que al que en ocasiones se ha referido como "gripecita".
"Tenemos que trabajar en conjunto", pidió Bolsonaro, sin hacer alusión en principio a sus profundas críticas a los gobernadores y alcaldes que han impuestos severas medidas para restringir a mínimos la circulación de personas y contener la propagación del COVID-19, pese a las presiones del Gobierno para una reapertura económica.
Uno de los puntos centrales de la reunión convocada por el propio Bolsonaro es un programa de auxilio financiero a los estados y los municipios, ya aprobado por las cámaras legislativas pero aún no sancionado por el presidente.
El proyecto prevé que el Gobierno federal distribuirá entre los estados y municipios un total de 120.000 millones de reales (unos 21.000 millones de dólares) para el combate al coronavirus.
Sin embargo, para sancionarlo, Bolsonaro pretende introducir una cláusula que congele los salarios de todos los funcionarios públicos federales, regionales y municipales hasta el 31 de diciembre de 2021.
Según dijo Bolsonaro, es una "cuota de sacrificio" que se le pide al sector público en un escenario de profunda crisis, en el que los trabajadores informales y de la empresa privada han sido hasta ahora los más afectados.
