El abogado Carlos Barranco I Foto: Cámara de Diputados
El abogado Carlos Barranco recordó que de acuerdo a estimaciones, en contrataciones públicas se gasta el 30 % del presupuesto nacional, que en base a lo aprobado para este año de 1 billón 37 mil millones de pesos, significaría un gasto de RD$311 mil millones, por lo que elaboró una propuesta de cinco puntos, con miras a eficientizar las compras públicas.
“Si lográramos solamente un 5 % de eficiencia de estos 311 mil millones de pesos, tendríamos un ahorro de 15, 550 millones de pesos, mientras que con un ahorro de 1 %, se logaría 3,100 millones de pesos”, detalló en llamada a El Gobierno de la Tarde.
En adición, explicó que si se lograra eficientizar un 1 % a las compras públicas del 2021, se podría cubrir el presupuesto de la Dirección General de Contracciones Públicas, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.
La propuesta
Barranco indicó que el primer punto de su propuesta es mejorar la planificación de las compras, la segunda, que dijo se utiliza muy poco, son las compras conjuntas, que es una modalidad prevista en la ley 340-06 y establece que varias instituciones se pueden juntar y hacer un proceso en común.
Agregó que en esta modalidad de compras el Estado de podría ahorrar entre un 10 y 20 %, si se identifican todos los bienes que todas las instituciones compran.
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Dijo que la tercera es aumentar las compras por subasta inversa, que contempla un proceso de puja a la baja, en el que se establece un tope, en base a que la ley prohíbe adjudicar por encima del precio del mercado, mientras que cuarta es reducir los tiempos de pago y finalmente, priorizar el principio de eficiencia.
Aspira a Cámara de Cuentas
El abogado con maestría en derecho de trabajo y seguridad social, así como estudio sobre compras, contrataciones y transparencia, detalló las características que cree importante para formar parte del órgano fiscalizador.
En ese sentido, sostuvo que tiene la experiencia, independencia partidista y el conocimiento “profundo” de la operatividad administrativa del Estado, además de la honestidad “probada”, puesto que ha administrado recursos públicos y ha sido reconocido por la transparencia.
