Imagen de Archivo | Foto: EFE/ Jean Marc Herve Abelard
Debido a la tensión política en Haití, el Gobierno de las Bahamas ha decidido suspender temporalmente y con efecto inmediato todas las deportaciones de ciudadanos ilegales de dicho país.
En un comunicado difundido este domingo, el ejecutivo indicó que además las fuerzas de seguridad y fronteriza se encuentra en "máxima alerta" ante la posibilidad de que se intensifique la llegada de inmigrantes ilegales, la mayoría vía marítima, a las Bahamas por la inestabilidad política en Puerto Príncipe.
El Departamento de Inmigración, por su parte, recordó que su política migratoria "es la misma de siempre" y "no hay ningún cambio al respecto" por lo que se seguirán llevando a cabo detenciones de inmigrantes ilegales en caso de detectar alguna entrada ilegal.
Esta decisión, recuerda el Gobierno, le sigue al cierre temporal de la embajada de las Bahamas en la capital haitiana, así como un llamamiento al regreso de todo el personal tanto de la embajada como consular.
Al menos 31 personas fallecieron el sábado 2 de febrero tras naufragar un barco cuando intentaban entrar de forma ilegal en el territorio atlántico.
Igualmente, 18 personas lograron sobrevivir el suceso.
Se trata del sexto barco de haitianos que fue interceptado por las autoridades de las Bahamas desde comienzos de año.
El primer ministro de Haití, Jean Henry Céant, anunció esta noche una serie de medidas para tratar de paliar la crisis económica y luchar contra la corrupción en un intento por bajar la tensión política de los últimos días.
Esta tensión se ha traducido en violentas protestas para reclamar la dimisión del presidente haitiano, Jovenel Moise.
En las protestas, que han dejado al menos nueve muertos, los manifestantes también han exigido justicia por las supuestas irregularidades con los fondos de Petrocaribe, el programa mediante el cual Venezuela suministra petróleo a Haití a precios blandos.
Entre las medidas anunciadas por Céant figuran la reducción de los precios de los alimentos, la discusión de un aumento del salario mínimo y la reducción de los gastos de la administración pública, aunque advirtió de que "sólo van a ser útiles si discutimos juntos".
