Ángel Bello
La semana pasada se expandió como pólvora, entre los resquicios más desafortunados de las redes sociales, el nombre de una agente de la Policía Nacional con rango de cabo que fue ascendida a segundo teniente. Los comentarios y juicios de valor de quienes consideran que la hoy oficial subalterna carece de méritos como para haber sido favorecida con tal distinción no se hicieron esperar.
Personas de todos los perfiles y estratos sociales se dieron a la tarea de postear toda suerte de etiquetas contra la joven, al tiempo que cuestionaban sus condiciones morales bajo el alegato de que logró la promoción en base a sus atributos físicos. En las redes sociales circularon fotografías a modo de “pruebas” de semejante imputación, en una acción que incluso resultó en una flagrante agresión para la mujer dominicana.
Puedo aceptar que por décadas hemos vivido en una sociedad cuyos criterios para la promoción laboral y la movilidad social no han estado en función precisamente del desempeño sobresaliente y una trayectoria íntegra. Puedo aceptar que miles de los dominicanos más talentosos y con invaluables competencias académicas y profesionales se encuentran sumergidos en la pobreza y el anonimato, mientras que otros tantos se alzan con los beneficios, el boato y las apologías francamente inmerecidas.
Puedo aceptar, incluso, que muchos compatriotas que la gente llama "exitosos" han alcanzado sus metas en base al cabildeo, el tráfico de influencias y el peculado. Sin embargo, resulta inaceptable que haya personas que, de manera alegre e irresponsable, se aventuren a hacer y compartir juicios peregrinos y temerarios, sin los fundamentos y los elementos de juicio suficientes, corriendo un alto riesgo de asesinar reputaciones en nombre de una prostituida libertad de expresión y difusión del pensamiento.
Este derecho fundamental, consagrado en el artículo 49 de nuestra Constitución, aún no llega a ser comprendido por aquellos que no toman en cuenta el también derecho que tienen los demás ciudadanos a que se le respete su intimidad, el honor personal y la propia imagen, estipulado en el artículo 44 de la misma Ley Sustantiva.
No conozco a la segundo teniente que ha resultado una víctima más del flamante medio de comunicación que algunos llaman el “quinto poder” y que es empleado en muchos casos como instrumento para difamar e injuriar de manera indiscriminada. Por esa razón, sería incapaz de emitir un juicio a favor o en contra respecto a su trayectoria profesional, mucho menos en lo atinente a su reputación moral. Eso no es lo que quiero resaltar.
Lo que deseo puntualizar es que como sociedad debemos trabajar sin tregua en la promoción de aquellos valores cívicos que garantizan el respeto al derecho ajeno y las consiguientes paz y convivencia social. A veces da la impresión de que hemos degradado estos valores hasta convertirlos en simples piezas del más relegado museo en el colectivo social y el relativismo moral.
Una sociedad donde las agresiones gratuitas a la integridad moral de sus ciudadanos sean ovacionadas por un pueblo sediento de circo que necesita sin demora el pan, pero el de la enseñanza y del conocimiento no solo de sus derechos, sino también de sus deberes para con el Estado y con el prójimo.
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