La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo) rechazó las críticas de los fiscales Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Osvaldo Bonilla, fiscal de Santiago y la procuradora fiscal de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez, por la variación de la prisión preventiva a varios imputados en casos de corrupción.

“La ley dominicana no contempla el debate o contradicción de casos en los medios de prensa, estableciendo con claridad que es en las audiencias fijadas ante los tribunales, que de forma oral y contradictoria se presentan y discuten los argumentos de derecho; y finalmente, el ordenamiento jurídico nacional cuenta con procedimientos de control de las actuaciones jurisdiccionales y éticas de los jueces y fiscales, normativa que se reputa conocida”, indican los jueces a través de un comunicado.

La asociación invitó a los procuradores antes señalados a seguir utilizando sus «reconocidas» competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, sin acudir a prácticas populistas de uso de medios de comunicación para emitir acusaciones graves, difamatorias e injuriosas en contra de quienes integran la judicatura, pues esta conducta además de afectar al Poder Judicial y a la nación, afectan la respetabilidad y dignidad que conlleva su calidad de miembro del ministerio público.

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Judemo recordó a los fiscales que esos jueces actuaron en el marco que les confiere la ley y que sus decisiones de se atacan por medio de recursos, pues la normativa procesal penal consagra un catálogo de medidas de coerción además de la prisión preventiva, todas con carácter excepcional y que exigen el examen particular en cada caso. «Las medidas de coerción son instrumentos para garantizar la presencia de un imputado en el proceso y no sanciones sobre aquellos a quienes la Constitución les reconoce un estado de presunción de inocencia», agregó.

Agregan que el proceder de los procuradores Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez, lanzando ataques y acusaciones a los magistrados Yiberty Marín Polanco Herrán, Job García Hurtado y Darvin López, y del procurador adjunto, Wilson Camacho, realizando expresiones injuriosas en contra de la magistrada Yanibet Rivas “y de todos los jueces que componemos el Poder Judicial, resquebraja la institucionalidad e independencia de este Poder del Estado.