El Ministerio Público informó que Argenis Contreras, imputado por el asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez Ferreras, renunció a la presentación de los testigos a su favor en el juicio de fondo que se les sigue unto a otros involucrados en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que tenían previsto escuchar a varios testigos de los imputados, pero que éstos no comparecieron al juicio.
“En el día de hoy el Ministerio Público vino preparado para la producción de pruebas de los imputados, sobre todo, de Argenis Contreras, quien había ofertado una serie de testigos para el proceso y nos llevamos la sorpresa de que renunció a la presentación de sus testigos”, detalló, según un comunicado de la Procuraduría.
El Ministerio Público destacó que el avance del juicio que se sigue por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y los actos de corrupción registrados en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en la gestión de Manuel Rivas.
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“Ya hemos concluido la etapa de presentación de las pruebas y el próximo viernes iniciaremos con las conclusiones del proceso”, dijo Ortiz a periodistas que la abordaron luego de finalizar la audiencia donde representó al Ministerio Público junto a Pedro Frías, Wagner Cubilete, Elvira Rodríguez, Jonathan Pérez y Rosa Isabel.
Los demás involucrados son José Mercado (el Grande), Víctor Ravelo Campos (el Herrero), Jorge Abreu, Heidy Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez; el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, y el exgerente financiero de esa institución, Faustino Rosario Díaz, acusados de corrupción administrativa en esa institución.
Las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, aplazaron la audiencia para continuar este viernes a partir de las 9:00 de la mañana.
El Ministerio Público inició el miércoles 11 de mayo la lectura de la acusación que contiene los cargos y las pruebas del caso, concluyendo en el proceso con la presentación de más de 60 pruebas.
La muerte de Ramírez, registrada en octubre de 2017, está vinculada con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte. Rivas fue nombrado en el cargo en agosto de 2012 y cuando ocurrió el asesinato ejercía dichas funciones.