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La Oficina de Atención Permanente de Peravia aplazó hoy para el 15 de enero el conocimiento de medidas de coerción en contra de tres imputados por la muerte a tiros el martes del comandante de la Policía Preventiva de Baní, el coronel Daniel Ramos Álvarez, cuando encabezaba un operativo antinarcóticos.
El tribunal tomó la decisión tras acoger una solicitud de los abogados de los imputados, contra quienes el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva.
Los imputados son Rafael Antonio Díaz (alias Buche), Luis Miguel Santana y/o Walter Antonio Moreta Villalona (alias El Chamo) y Steven Milciades Ruiz González (alías Chiquito y/o Malafé).
Previo a la vista de hoy, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, dispuso ampliar el equipo del Ministerio Público que investiga la muerte a tiros del coronel.
Una nota de la Procuraduría General de la República (PGR) explica que, en virtud de esta disposición, el procurador general de Corte de Apelación y titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, Jonathan Baró Gutiérrez, quien tiene a su cargo la coordinación del equipo, se unió a las investigaciones.
Rodríguez instruyó al equipo continuar profundizando las indagatorias "a fin de esclarecer completamente lo ocurrido".
El coronel era el comandante de la dotación policial de esa ciudad y murió por las heridas sufridas en el lugar, ubicado en el barrio Santa Cruz de Baní.
De acuerdo al informe preliminar de la Policía, el oficial fue recibido a tiros por quienes operaban un punto de venta de narcóticos.
Sin embargo, el senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, dijo ayer creer que el coronel Ramos Álvarez fue víctima de una "emboscada".
Al intervenir en la sesión de la Cámara del Senado, Guerrero pidió al jefe de la Policía Nacional, Ney Aldrin Batista, designar una comisión que investigue a los agentes que acompañaban a Ramos Álvarez al momento de la acción.
"Creo que el coronel Ramos fue llevado a una emboscada, deben haber varios involucrados", señaló.
De acuerdo con el legislador, el coronel era "el único que estaba combatiendo la delincuencia y el crimen organizado (en Baní)", al tiempo que aseguró que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se dedica a cobrar "peaje" a los narcotraficantes en esa zona.
