Tarjeta Supérate | Foto: Presidencia
La Fiscalía de Barahona solicitó este jueves a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa demarcación la imposición de 18 meses de prisión preventiva a otros cuatro involucrados en transacciones fraudulentas con tarjetas del programa de ayuda social gubernamental Supérate, cuya audiencia fue aplazada para el jueves 31 de marzo, a partir de las 9.00 de la mañana.
La jueza María Consuelo Valenzuela acogió la petición de las defensas, que argumentaron que necesitaban más tiempo para estudiar el expediente.
Los acusados son Hansel Arturo Féliz Féliz, de 20 años; Andy Reimi Ubiera, de 26; Francisco Andrés Sánchez, de 27, y Euris Bautista Sánchez, de 23 años, quienes fueron arrestados presuntamente en flagrante delito con 103 tarjetas del programa Supérate cuando se dirigían a hacer las transacciones en negocios de Barahona.
La Administradora de Subsidios Sociales (Adess) presentó formal denuncia de los casos, mediante la cual informó que personas han estado copiando las informaciones de las bandas magnéticas de las tarjetas de los programas sociales que ejecuta el Gobierno, como es el caso de Supérate y Aliméntate.
De acuerdo con la denuncia, posteriormente utilizan dichas informaciones para realizar transacciones fraudulentas a través de los comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS), impidiendo que las personas de escasos recursos, en favor de quienes se emitieron dichas tarjetas, puedan hacer uso de los fondos que mensualmente le deposita el Estado.
El martes pasado, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso medidas de coerción contra seis personas supuestamente implicadas en transacciones fraudulentas con tarjetas Supérate y declaró el caso de tramitación compleja.
El juez Bernardo Coplín impuso a los imputados Ydalisis Maribel López, Yanilda Altagracia Rodríguez Herrera y Jonathan Martínez tres meses de prisión preventiva por el fraude cometido con unas 30,000 tarjetas de ayuda, según informó este martes la Procuraduría General de la República en un comunicado.
Asimismo, dispuso una garantía económica de 100,000 pesos a Bernaldo Santiago Hernández Concepción, y de 80,000 para Juana Felicia Guillén y Odalia Florentino, además de presentación periódica para los tres.
El Ministerio Público detalló en comunicado que a raíz de la denuncia iniciaron las investigaciones correspondientes, conjuntamente con el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional.
