Foto cedida a Z Digital.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó hasta el próximo 25 de noviembre el conocimiento de medidas de coerción contra los 13 imputados por el caso derivado de las operaciones Coral y Coral 5G, que permitieron desmantelar un presunto entramado de corrupción.
El juez Emmanuel López decidió celebrar la audiencia el próximo jueves a las 11.00 de la mañana para dar tiempo a las defensas a familiarizarse con el voluminoso documento de solicitud de medidas de coerción, que cuenta con más de 600 páginas y 700 medios de pruebas documentales.
El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó que el Ministerio Público acudió a la audiencia para conocer la solicitud de coerción "más que listo, con el proceso blindado", pero que estuvo de acuerdo en dar ese plazo a las defensas para estudiar las pruebas.
Según dijo, "las defensas, como consecuencia del elevado volumen de evidencias presentado por el Ministerio Público, hemos depositado más de 15,000 páginas de evidencias", apuntó, ha solicitado al tribunal el aplazamiento para revisar las pruebas.
Uno de los abogados de la defensa, Jorge Luis Lorenzo Paulino, dijo que todos los inculpados "tienen un acuerdo para colocar la defensa técnica y material a la altura de la exigencia de este proceso", y que el Ministerio Público "no tiene una sola prueba vinculante" de los imputados con los hechos.
El grupo de imputados, para el que la acusación pide 18 meses de prisión preventiva, está integrado por los generales Juan Carlos Torres Robiou, de las Fuerzas Armadas (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista, del Ejército (ERD).
También por el capitán de navío de la Armada Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
Además, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón de la Policía Nacional(PN), así como el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
El grupo, bajo custodia del sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, habría movido al menos 4,500 millones de pesos, según ha establecido el Ministerio Público durante la investigación, que ha permitido incautar unas 125 propiedades.
