Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, afirmó que el pacto eléctrico se firmará en las próximas semanas y que el Gobierno está listo para firmarlo y asumir las responsabilidades derivadas del acuerdo, que fue casi consensuado a finales del 2017.

En ese sentido, explicó que las observaciones que había hecho el Partido Revolucionario Moderno (PRM), por lo que se negó a firmarlo en el pasado, tan pronto asumieron el Estado la solucionaron, entre ellos la reestructuración de la CDEEE y de las EDE.

“El Gobierno está listo para firmar el pacto eléctrico y en la decisión de asumir las responsabilidades que el pacto pone en sus manos, puesto que la administración es el depositario del 90 % de los acuerdos”, dijo el funcionario en llamada a El Gobierno de la Tarde.

Recordó que el Gobierno es solo un actor dentro del Consejo Económico y Social (CES), que hay otros que aún no han manifestado su decisión de firma y entiende que en este momento el CES hace los aprestos para lograr la más amplia manifestación del consenso que representa el pacto.

Situación de las distribuidoras

Astacio expresó que encontró las distribuidoras en una situación precaria, lo que no se solucionará de un día para otro, pero que sí se han trabajado «arduamente» para garantizar  y mantener el servicio.

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Explicó que el año pasado cerraron con una reducción en la proyección de déficit que recibieron en agosto de 2020 de unos 100 millones de dólares, debido a que han sido estrictos en el gasto y además, han tratado de llevar las cuentas comerciales al día.

Auditorías de la gestión pasada de las EDES

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad aseguró que aún se sigue auditando, y que han encontrado múltiples irregularidades que pueden significar manejo irregular de varios miles de millones de pesos.

Dijo que el resultado de las mismas, que tendrá listo en los próximos quince días, será traducido a las autoridades competentes para que evalúen y tipifiquen si constituyen una falta en el ordenamiento jurídico.

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Personería jurídica de Punta Catalina

Sobre Punta Catalina, indicó que la salida de la unidad II evidentemente tiene un impacto, en especial en el mercado spot, porque influye mucho en la determinación del costo marginal.  “En las distribuidoras también nos afecta, porque nos obliga a comprar energía de otros proveedores menos eficientes”, agregó.

Al ser cuestionado sobre qué va hacer el Estado con Punta Catalina en su condición de propietario, precisó que se está estudiando cuál va a ser el destino final de este activo.

“Lamentablemente uno de los problemas que hemos encontrado es que Punta Catalina no se había constituido como persona jurídica, ahora se trabaja en ese proceso, de forma que pueda operar en el mercado en las condiciones previstas por la ley”, argumentó el funcionario.