Foto: DGM
El documento establece que la "drástica decisión del Gobierno" de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traídos consecuencias significativas, afectando a familias, que ahora se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria.
Amnistía Internacional también pidió a las autoridades investigar las denuncias de violencia racista y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes migratorios, policías y fuerzas armadas; abstenerse de detener y deportar mujeres embarazadas, niños y niñas y personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como garantizar el derecho a defender los derechos humanos.
“Tenemos información de actos graves que habrían sido cometidos por funcionarios estatales dominicanos, contra la dignidad e integridad física de personas haitianas, dominicanas negras y de ascendencia haitiana afectadas por prácticas racistas. En vez de proteger a estas personas del acoso, estigmatización y amenazas, las autoridades dominicanas han favorecido discursos y políticas que discriminan en su contra”, dijo Ana Piquer.
“En este momento crucial, es imperativo que la República Dominicana se comprometa a construir una sociedad antirracista, donde los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, el origen de sus antepasados o su estatus migratorio, sean plenamente respetados y protegidos”, agrega.
