«Es imperativo garantizar que cualquier acción realizada por esta misión multinacional liderada por Kenia y respaldada por Estados Unidos y otros países se ajuste estrictamente al derecho internacional de los derechos humanos, como establece el Consejo de Seguridad de la ONU. Un traspié a este respecto resultaría devastador para los derechos del pueblo haitiano», declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Dijo que las anteriores misiones de seguridad extranjeras o multinacionales en Haití estuvieron empañadas por violaciones generalizadas de derechos humanos e impunidad desenfrenada, y que por ese motivo, se deben adoptar todas las medidas necesarias, antes y durante toda la duración de cualquier despliegue en Haití, para evitar que la historia se repita.

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El comunicado de prensa de AI señala que pese a los claros requisitos establecidos en la resolución 2699 (2023) del Consejo de Seguridad de la ONU, que autoriza la participación Estados miembros de la ONU en la misión y garantiza el más alto grado de transparencia, se sigue careciendo de información pública detallada sobre las normas, procedimientos, estructura, y mecanismos de rendición de cuentas para ésta.

«Además de someterse a procedimientos de verificación de antecedentes, el personal de la misión debería recibir una formación exhaustiva, antes y durante el despliegue, sobre principios básicos de la ONU, derecho de los derechos humanos, prevención de explotación y abusos sexuales, protección de la población civil y de la infancia. También es esencial el establecimiento de un mecanismo independiente para recibir denuncias, investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, decidir sobre la reparación, y remitir casos individuales ante un tribunal ordinario haitiano, o cualquier jurisdicción de un país que proporcione personal para que se investigue y, cuando proceda, se enjuicie», sostuvo Piquer.