Indicó que el aborto es un derecho humano y penalizarlo solo crea condiciones de inseguridad que afectan desproporcionalmente a las mujeres y niñas, que ya enfrentan desigualdades estructurales, especialmente aquellas con menores ingresos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el aborto inseguro sigue siendo una de las principales causas de muerte y morbilidad materna alrededor del mundo. «En la República Dominicana, que registra una inaceptable cantidad de muertes maternas, se estima que al menos 1 de cada 10 estarían relacionadas con abortos inseguros. Por su parte, en lugares como Argentina, donde el aborto se ha despenalizado y regulado como derecho y servicio de salud esencial, la mortalidad materna relacionada con abortos se ha reducido hasta en un 53%», agrega el documento.
Amnistía Internacional instó a las y los senadores Santiago Zorrilla, Dionis Sánchez, José del Castillo, Yván Lorenzo, Antonio Taveras, Franklin Romero, Virgilio Cedano, Pedro Catrain, Ramón Rogelio Genoa y Lía Díaz de Díaz, quienes componen la comisión especial que estudiará el proyecto del Código antes de su segunda y última votación, a asegurar que la propuesta respeta las obligaciones internacionales del Estado dominicano, incluyendo el respeto y protección del derecho a la vida y a la salud de mujeres, niñas y personas que pueden embarazarse.
Para ello, la formulación y el debate del proyecto del Código Penal deberán conducirse junto a organizaciones y personas expertas en salud sexual y reproductiva, con base en evidencia científica y enfoque de derechos humanos.
«El Senado de la República Dominicana tiene la oportunidad de rectificar una injusticia histórica con mujeres, niñas y las personas que pueden embarazarse. La despenalización del aborto es una cuestión de salud pública, pero sobre todo de justicia e igualdad», concluyó Piquer.
