Ramón Castillo Soto, ambientalista de Monseñor Nouel I Foto: Kelvin De la Cruz
El ambientalista Ramón Castillo Soto denunció que un empresario, con supuesto apoyo de funcionarios del Gobierno, pretende consumar un crimen ecológico en Bonao, con la instalción de una planta procesadora de asfalto en el asentamiento agrario AC-01, de Juma, San Isidro, y a menos de 100 metros del laboratorio de arroz que opera en el lugar.
El vocero de las organizaciones de defensa del medio ambiente de la provincia Monseñor Nouel consideró que de operar allí la referida planta, contaminaría la producción del cereal y a los residentes en las proximidades del asentamiento agrario.
Urgió la intervención del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez, y del director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), para que ese "crimen ecológico" no continúe, ya que la instalación de la planta se realiza sin contar con un permiso ni con una licencia ambiental.
Según Castillo Soto, el procurador de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Monseñor Nouel conminó al propietario de la planta, Danilo Jiménez, a que paralice los trabajos de instalación, pero afirmó que ha hecho caso omiso y ha continuado, con el presunto apoyo de funcionarios del Gobierno.
Aclaró que el empresario Danilo Jiménez solo tiene permiso para operar allí un centro de acopio y transporte de agregados, no para instalar una planta procesadora de asfalto, ya que afectaría el Río Yuna, en el sector de Hato Viejo.
Sostuvo que el permiso emitido por el ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez, vence mañana, y solo se le ha emitido por vigencia de 30 días renovable.
Se quejó, durante su participación en la progrmación especial de El Gobierno de la Tarde, de que Jiménez, con su obstinación de instalar la planta de asfalto, "desafía a las autoridades".
También exhortó al senador de Monseñor Nouel, Félix Nova, quien dijo que es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República; y a los diputados de la provincia, así como de La Vega, a que intervengan en el caso e investiguen la denuncia y las violaciones a la Ley 64-00, de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Castillo Soto advirtió que instalarán un campamento de defensa del área como el de Loma Miranda y a la vez con el sometimiento de los propietarios de la planta ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Edición de audio Yohan Castillo
