Antonio Almonte | Foto: Nicolás de la Cruz
El ingeniero Antonio Almonte, director de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consideró este martes que pese a las limitaciones para obtener financiamientos para proyectos de plantas a carbón mineral, como las de Punta Catalina, hay países que aún financian la construcción de ese tipo de generadoras de electricidad.
Sostuvo que aunque los bancos multilaterales determinaron no financiar proyectos de esos tipos de plantas, en otros países del tercer mundo hay infraestructuras de ese tipo instaladas, y China ofrece tecnologías y materias primas para las mismas.
Agregó que también hay grandes naciones donde se financian plantas a carbón mineral, pero grandes naciones las han ido reduciendo.
Puntualizó que la decisión del Banco Mundial, de Estados Unidos y de la Unión Europea, de prohibir el crédito para esos proyectos de generación, ha dificultado mucho la obtención de fondos para la ejecución de éstos en naciones subdesarrolladas.
Otros elementos que en su opinión han limitado la construcción de esas plantas, es la conciencia ciudadana sobre la conservación del medio ambiente y el impulso de proyectos de energía renovable, como los tipos eólico y solar, así como el uso del gas natural.
Dijo que la tendencia del mundo es hacia el desarrollo tecnológico para reducir la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, entrando a una etapa de transición hacia sistemas energéticos que sean más sostenibles con el medio ambiente.
Pérdidas en las redes
Durante su participación en el programa Milagros desde la Z, que producen Milagros Ortiz Bosch y Julio Cordero en la Z101.3 FM, Almonte habló sobre las pérdidas de electricidad en las redes de distribución, y afirmó que las plantas de Punta Catalina podrían aportar la cantidad de energía que se pierde en el sistema, pero no es que no habría pérdidas en las redes, sino que las disminuiría en aproxidamante un 30 %, que es su nivel de producción, es unos 720 megavatios.
“Hay suficiente energía para suministro, pero el problema está es que se pierde la abastecida y que no se cobra”, precisó, al explicar que con Punta Catalina lo que ocurrirá es que se reducirá el costo de la energía perdida.
Expuso que las pérdidas son un problema tecnológico, por la mala calidad de las infraestructuras, equipos y del robo.
Además, expresó que es un problema económco; por el costo, y es un problema político en la medida en que no hay voluntad estatal para resolver ese mal, como lo sería que se tratara a las distribuidoras como empresas.
Milagros Ortiz Bosch, Julio Cordero y Antonio Almonte/Foto Luis Nicolás de la Cruz.
Factores de precios de los combustibles
Respecto a los factores de precios en los combustibles, como el paridad de importación, que aplica el Gobierno para establecer los precios de los derivados del petróleo, Antonio Almonte explicó los componentes de la fórmula utilizada y ofreció algunos datos sobre estudios realizados por entidades no gubernamentales.
Calificó como un “hecho grave”, y consideró que influye en que la población mantenga una actitud crítica hacia el Gobierno y perciba como una irregularidad y un “negocio turbio” la metodología utilizada para establecer los precios.
Adujo que en otros países los valores de esos factores son dados a conocer de manera transparente sin que se afecte la competitividad.
Manifestó que el valor dado por costo de importación, es el más elevado en el país, solo Nicaragua tiene los mayores márgenes globales de intermediación en Centroamérica y el Caribe.
Sobre el margen aplicado por flete marítimo de importacion, reveló que en República Dominicana fue establecido en 225 dólares por tonelada métrica, en el caso del GLP, aumentándolo en 90 dólares del 2013 al 2015, con dos resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio, los cuales recibe el Gobierno, ya que se los quitó a los empresarios del sector.
Citó ese elemento para afirmar que los impuestos aplicados a los factores de precio a los combustibles no se justifican por la falta de transparencia, por lo cual planteó que ese sistema sea revisado, por estimarlos una arbitrariedad que perjudica a la población que compra y consume combustibles.
Abogó por establecer un nuevo marco jurídico para la aplicación de los precios de todos los combustibles comercializados en el mercado dominicano.
Edicion de audio: Luis Nicolás de la Cruz
