Antonio Almonte, cordinador de la Comisión de Energía del PRM | Foto: Luis Nicolás de la Cruz.
El ingeniero Antonio Almonte, coordinador de la Comisión de Energía del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), insistió este miércoles en que no ve justificación para que la administración del presidente Danilo Medina quiera vender a las plantas de Punta Catalina.
Expresó que esa estrategia del Gobierno no la entiende, mucho menos otros técnicos expertos en materia energética, porque según afirmó “ya no tiene justificación”.
Hizo una referencia histórica de las justificaciones de los Gobiernos y del Bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID) en la década de 1980 sobre la imposibilidad de los países de América Latina y el Caribe en obtener dinero para la construcción de plantas de menor costo, debido a la crisis en esos años y el elevado endeudamiento, así como de la imposibilidad de mantener y modernizar las generadoras existentes.
Explicó que esto motivó la adopción de políticas para facilitar la participación del sector privado en la generación de energía.
Sin embargo, sostuvo que el problema está en que en República Dominicana ya se construyó el proyecto de Punta Catalina para generar 720 megavatios de energía a bajo costo, y de que las dos plantas tienen un mercado asegurado, porque las propietarias jurídicas son las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste, que son del Estado y están representadas por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee).
Argumentó que el eslabón crítico es la construcción y ya Punta Catalina está terminada, aún sea con emisión de bonos, préstamos internacionales y recursos del Presupuesto General del Estado.
“Entonces, cuando se hace el trabajo más difícil no hay ninguna explicación para que el Estado, que construyó esa central, nueva, de 720 megavatios brutos, se venda a precio que nadie sabe a los inversionistas privados que no hicieron ningún esfuerzo para su construcción, sobre todo cuando es una central que tiene garantizada, pero absolutamente garantizada, la venta de toda su energía”, argumentó.
Milagros Ortiz Bosch, Julio Cordero y Antonio Almonte |Foto: Luis Nicolás de la Cruz.
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Afirmó que la tiene garantizada porque producirá a menor costo, ya que el carbón que utilizará como combustible es el producto más barato para producir energía en el mercado, porque las Edes son las propietarias jurídicas y son estatales, por lo cual dijo que privilegiarán la venta de su propia energía.
Descartó el concepto de que el Estado es mal administrador, y citó el ejemplo de los proyectos de generación eleéctrica Itabo y EgeHaina, en los que participa el Gobierno junto al sector privado y han sido exitosos, por lo cual entiende que son ejemplos a tomar en cuenta para el caso de las plantas de Punta Catalina.
Basado en esas experiencias, se pregunta qué impide al Gobierno la convocatoria de una licitación internacional para contratar firmas internacionales para la operación y mantenimiento de las plantas de Punta Catalina, mientras el Estado mantiene la propiedad de las mismas.
Enfatizó que el proyecto será rentable, pero advirtió que de nada valdría contratar buenos administradores si el Estado mantendría una política clientelista, similiar a la que ejerce en las empresas distribuidoras de electricidad.
Litis con Odebrecht y fondo de contingencia
Antonio Almonte reclamó que el Gobierno exija a la empresa constructora Odebrecht cumplir con el contrato en cuanto a las fechas de entrega de las plantas de Punta Catalina, que establece un Fondo de Contingencia y el compromiso de esta de compensar con el pago de 11 millones de dólares por cada día de atraso en entregar la planta uno.
Señaló que, según el contrato, la fecha de entrega era el 31 de diciembre de 2018 y ya se está a nueve días del año 2019 y Odebrecht aún no entrega las plantas, que estaría supuesta a hacerlo en febrero próximo.
Manifestó que el mismo contrato también contiene una cláusula de cumplimiento para la entrega de la planta dos, que si se atrasara, entonces se duplicaría el monto a pagar al Estado dominicano a través de la CDEEE, que sería de unos 22 millones de dólares diario, que serían alrededor de más de 440 mil dólares.
Se preguntó si pagaría Odebrecht los millones de dólares que debería pagar a la CDEEE por retraso en la entrega de Punta Catalina.
Se quejó de que mientras Odebrecht somete al Gobierno a un arbitraje internacional, exigiendo el pago de 708 millones de dólares por atrasos de pago, a esa empresa no hay en el Gobierno quien le exija pagar por sus incumplimientos en el contrato para entregar a Punta Catalina.
Al concluir su participación como invitado al programa Milagros desde la Z, que producen Milagros Ortiz Bosch y Julio Cordero por la Z101.3 FM, el experto energético cuestionó que en el país haya una deficiencia en materia de política energética, pese a que la energía es uno de los sectores que merece mucha atención y que más contribuye al desarrollo nacional.
Edición de audio: Luis Nicolás de la Cruz
