El coordinador de la Comisión de Energía del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Almonte, opinó que cuando se haga un estudio serio y profundo sobre los costos del proyecto termoeléctrico de Punta Catalina, resaltará siempre como uno de los “grandes crímenes económicos” cometidos en el país, y muy especialmente por la administración de Danilo Medina.
Reclamó nuevamente que la Cámara de Cuentas y la Procuraduría General de la República realicen una auditoría técnico-económica sobre la construcción de las dos plantas a carbón de Punta Catalina, para determinar el valor real del contrato y el costo total del proyecto.
Afirmó que cuando se realicen estudios futuros serios sobre los costos de construcción de ambas plantas, en función de la inversión por kilovatios/horas, surgirá el proyecto de Punta Catalina como referencia, por lo exagerado.
Explicó que cuando se termine de construir el proyecto y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) suministre un informe sobre el costo total y se divida entre la cantidad de kilovatios brutos de la central termoeléctrica, va a ser récord a nivel internacional.
Al participar en el programa Milagros desde la Z, que producen Milagros Ortiz Bosch y Julio Cordero por la Z101.3 FM, Almonte manifestó que por esa razón es que el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, y su equipo nunca han querido decir el costo total del proyecto.
Añadió que en el país tampoco se ha investigado los sobrecostos, que es diferente al costo del contrato porque, según expresó, la comisión designada por el presidente Medina en el 2017 para investigar los sobrecostos no hizo una investigación profunda ni real.
Subrayó que esa comisión solo se basó en demostrar que en la licitación para la asignar el proyecto, no hubo corrupción ni favoritismo, pero no hubo una investigación sobre la consistencia, la pertinencia, la lógica técnica del método de evaluación y de la evaluación realizada, para determinar si daba realmente mil 945 millones de dólares el monto a invertir.
Afirmó que cualquier evaluación seria sobre el proyecto, podría determinar en horas que hubo un interés enmascarado, entre una serie de cosas, para traspasar de manera automática al consorcio constructor un sobrecostos de alrededor de 500 millones de dólares.
Sobrecostos
Almonte insistió en que a pesar de los 2,945 millones que afirma la diputada opositora Faride Raful, que es el costo de la obra, en base a datos oficiales suministrados por la CDEEE, sostiene que a esto se debe agregar el costo por los dos años de atrasos que tiene para su conclusión y entrega.
Argumentó que la primera termoeléctrica, que debió entregarse en agosto del 2017, ahora es que está en fase de prueba, y da por seguro que su entrega sería en agosto del presente año 2019.
Almonte agregó que durante esos dos años el Gobierno ha pagado intereses, manos de obras, asesorías, realizado gastos en combustibles y en el carbón utilizado en las pruebas y otros gastos, el costo total superaría los 3 mil millones de dólares.
Enfatizó que cuando se divida el costo total entre los 750 de kilovatios brutos que estarían en capacidad de producir las dos plantas, “se tendría un costo enorme”.
Se basó en esos argumentos para sostener que cuando se hable de corrupción y del caso Odebrecht siempre saldrá a flote el caso de Punta Catalina, porque su costo es un escándalo.
Edición de audio: Yohan Castillo