García, quien ha sido interrogado anteriormente por este caso por los asistentes de Pérez, deberá ampliar su manifestación ante el fiscal, quien también lleva la investigación contra la líder opositora Keiko Fujimori por presunto lavado de activos.

El abogado de Alan García, Erasmo Reina, confirmó hoy al diario El Comercio que el exgobernante asistirá a la citación y dijo que se han programado diversas diligencias, entre ellas la ampliación de la declaración del exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata.

En este caso, la fiscalía investiga las presuntas irregularidades en la licitación de la línea 1 del metro de Lima, así como la emisión de un decreto que declaró de necesidad pública la ejecución y puesta en marcha de esta obra.

Las investigaciones de la fiscalía señalan que Odebrecht habría pagado en 2009, durante el segundo Gobierno de García (2006-2011) unos 8 millones de dólares para obtener la adjudicación del metro, según declaró Barata.

Sin embargo, medios locales informaron a inicios de octubre pasado que el también ejecutivo de Odebrecht Carlos Nostre indicó que la constructora habría destinado un total de 24,4 millones de dólares para el pago de sobornos para esa obra.

Nostre declaró al fiscal Pérez en la ciudad brasileña de Curitiba que la constructora peruana Graña y Montero, que fue socia con Odebrecht en Perú, dio parte de sus utilidades para pagar sobornos al entonces viceministro de Transportes y Comunicaciones Jorge Cuba, quien cumple prisión preventiva desde enero de 2017.

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Tras conocerse las declaraciones de Nostre, Alan García pidió que se imponga "la pena más alta" a Cuba, al que llamó "corrupto" y lo acusó de dañar "la imagen de la obra más importante hecha en favor del pueblo: el tren eléctrico".

Graña y Montero señaló, por su parte, que su actual gestión "no cuenta con información alguna que corrobore" ese testimonio, a pesar de lo cual determinó que su Área de Riesgos y Cumplimiento inicie indagaciones de manera interna.

Un informe presentado esta semana por la comisión legislativa que investigó el caso Lava Jato en Perú recomendó al Ministerio Público investigar al exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y a la empresa Graña y Montero por la presunta comisión del delito de colusión agravada por la sobrevaloración de la obra de la Línea 1 del metro.

La comisión excluyó a García de cualquier acusación a pesar de que confirmó que el exmandatario se reunió en varias ocasiones con Barata y emitió decretos para facilitar la licitación y construcción de la obra.

El exviceministro Cuba dijo en septiembre pasado a la Fiscalía que los actores políticos encargados de generar el marco legal y facilitar la ejecución de la obra fueron García y el entonces ministro Cornejo.

"Ellos gestionaron y aprobaron decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones ministeriales que ayudaron a Odebrecht", señaló.

En Perú, el caso Odebrecht sigue el rastro de los millonarios sobornos que la compañía admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios a cambio de adjudicarse grandes obras entre 2005 y 2014.

Este período abarca los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), quienes son investigados por la Fiscalía, al igual que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), la líder opositora Keiko Fujimori y la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán.