Según el portal de Datos Abiertos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), actualmente 31,366 mujeres están registradas como proveedoras del Estado y, de ellas, 9,739 han logrado obtener contratos en diversos sectores productivos del mercado público.
Las empresas lideradas por mujeres se están abriendo camino en sectores históricamente dominados por hombres, como la construcción, la tecnología y otros campos técnicos. Su creciente participación en los procesos de contrataciones públicas refleja su capacidad e innovación en un mercado altamente competitivo.
Estos hallazgos forman parte de las conclusiones del estudio “Empoderamiento económico de las mujeres que lideran mipymes mediante la contratación pública (Distrito Nacional 2021-2023)”, dirigido por la investigadora Sylvana Marte de la Cruz.
Esta investigación analiza los logros y desafíos que enfrentan las empresarias para acceder al mercado público. Entre los retos identificados destacan procedimientos burocráticos complejos, normativas difíciles de interpretar y la falta de información oportuna sobre oportunidades de contratación. Estas barreras limitan su capacidad para competir en igualdad de condiciones, especialmente en sectores de mayor valor económico.
A pesar de estas dificultades, los resultados del estudio son alentadores. El 70.6 % de las encuestadas afirmó que las contrataciones públicas han sido fundamentales para el crecimiento de sus negocios, lo que les ha permitido invertir en equipos tecnológicos y generar nuevos empleos. Además, un 67.4 % de las empresarias implementó prácticas innovadoras para promover la modernización y la competitividad de sus empresas.
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Asimismo, un 68.48 % reportó mejoras significativas en el acceso al crédito y financiamiento, aunque un 22.82 % aún enfrenta barreras importantes en este ámbito. En términos de liderazgo, el 82 % destacó que su participación en contrataciones públicas fortaleció su autonomía en la toma de decisiones clave, mientras que el 74 % reportó mejoras en su capacidad de dirección.
El impacto de las contrataciones públicas también trasciende el ámbito empresarial, con beneficios importantes en el bienestar social. El 58 % de las empresarias señaló una mayor capacidad para ofrecer seguros médicos a sus empleados, y el 63 % reportó mejoras en el acceso a la seguridad social para sus empresas. Un 61 % indicó que los ingresos obtenidos fortalecieron su confianza y autoestima, lo que contribuye indirectamente a reducir la vulnerabilidad frente a la violencia de género.
Marte de la Cruz destacó la importancia de implementar políticas públicas inclusivas que fomenten la participación de mujeres en sectores no tradicionales. Entre las recomendaciones de la investigadora se incluyen la creación de programas de mentoría específicos para empresarias, el diseño de líneas de crédito exclusivas y la formación de redes de apoyo que promuevan el intercambio de experiencias y oportunidades. Estas medidas buscan garantizar una mayor equidad y reducir las barreras estructurales que aún enfrentan las empresarias.
Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, afirmó que los resultados de este estudio validan los esfuerzos realizados durante estos años de gestión para fortalecer y promover la participación de las mipymes en el mercado público, con un enfoque particular en aquellas lideradas por mujeres. “Este informe es una prueba sólida de que nuestras políticas y programas están teniendo un impacto tangible en el desarrollo económico y la equidad de género”.
Pimentel subrayó que, además de la creación de un entorno más inclusivo, la gestión actual ha priorizado la formación y el acceso al financiamiento como pilares fundamentales para empoderar a las empresarias.
Asimismo, destacó que se han establecido alianzas con instituciones públicas y privadas para fomentar la innovación y la diversificación en sectores donde históricamente las mujeres han estado subrepresentadas, como la construcción y la tecnología. “El compromiso de esta gestión es claro: seguir impulsando políticas que no solo faciliten el acceso al mercado público, sino que también promuevan la sostenibilidad y el liderazgo femenino en todos los sectores de la economía”.