Fachada del Ministerio de Educación | Foto: Minerd
La Asociación Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU)indicó en su informe respecto a la propuesta legislativa, que modifica las leyes 66-97, de Educación y la 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e integra los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), que el anteproyecto de ley no establece disposiciones concretas respecto al financiamiento de la educación superior.
La ADRU afirma que en la ley de Educación Superior vigente (139-01) se especifica cual es la inversión pública para el sector universitario de nivel superior, sin embargo, el anteproyecto de modificación de las leyes no dispone de este apartado.
Estos indican que el desarrollo del sistema universitario, la investigación y la ciencia demandan de compromisos firmes y sostenidos en materia de financiamiento, que permitan el desarrollo del capital humano e innovaciones que contribuyan a la competitividad.
“El desarrollo del sistema universitario, la investigación y la ciencia demanda de compromisos firmes y sostenidos de financiamiento creciente que permitan el desarrollo de capital humano e innovaciones que tributen a la competitividad, crecimiento económico y desarrollo sostenible para superar la denominada trampa de la renta media y fomentar bienestar en toda la población”, subrayan.
Estos precisan que es por ese motivo que se debe determinar un porcentaje “mínimo” del presupuesto estatal que tenga como destino la financiación de la educación superior, teniendo como base la inversión actual.
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De igual forma contemplar un monto asignado al sistema de ciencia, tecnología e innovación.
Estos manifiestan además en la comunicación que es “fundamental” que la ley establezca disposiciones generales relacionadas a la Carrera Nacional de Investigadores en Ciencias Naturales, Sociales y Humanísticas y del Fondo Nacional de Investigación en Ciencias, Tecnología y Humanidades (Fondocyth) y que se disponga actualización de sus reglamentos.
“Es importante reconocer y establecer que la función sustantiva de investigación debe seguir siendo financiada por el Ministerio de Educación y complementada con otros mecanismos e instancias de fomento de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación”, citan.
En la misiva la ADRU también se manifestó en torno a que la propuesta “limita” la autonomía de las distintas universidades dominicanas.
A través del informe, presentado por la comisión evaluadora de ese organismo, la ADRU indica que en el anteproyecto de ley incorpora disposiciones “respecto a la gobernanza, las políticas institucionales, entre otros elementos, que limitan la autonomía universitaria y no reconocen la diversidad de instituciones que componen el sistema”.
