El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César De La Rosa Tiburcio, afirmó que elevó una instancia contra la donación de 100 millones de pesos que hizo el Gabinete de Política Social de la Presidencia a 70 artistas reconocidos, por considerar que además de violar la Ley 340-06 de Compra y Contrataciones Públicas, también es violatoria de la Constitución de la República y de la Ley de Presupuesto General del Estado.
Sostuvo que el coordinador del Gabinete de Política Social de la Presidencia, José Antonio (Tony) Peña Guaba, en vez de enmendar el error de las contrataciones cometido con la violación de la Ley 340-06, comete otra violación al hacer la donación de los 100 millones de pesos, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Presupuesto General del Estado, que dijo tiene un capítulo para esos fines.
En declaraciones vía telefónica a El Gobierno de la Tarde de la Z101.3 FM, De la Rosa Tiburcio sostuvo que esos requisitos son de conocimiento del contralor general de la República, porque cada institución tiene sus capítulos presupuestarios para los fines de donaciones.
Explicó que en término administrativo no se observaron los procedimientos contenidos en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Manifestó que su instancia busca que Peña Guaba; el director general de Presupuesto y el contralor general de la República recuperen los 100 millones de pesos y los repongan en la Tesorería Nacional, para que luego establezcan el mecanismo legal o el capítulo a utilizar para ayudar a los artistas.
Expresó que los tres funcionarios tienen la responsabilidad de poner en marcha sus funcionabilidad sus roles y hacer cumplir con las leyes en este caso.
Refirió que mediante la instancia los emplaza, además, a que le ofrezcan una respuesta a él y al país sobre los procedimientos que aplicarán para ayudar a los artistas, en el plazo dado, que es de 10 días y que vence el próximo día 5 de enero de 2021.
De la Rosa Tiburcio advirtió que si los funcionarios no obtemperan a su pedido, elevaría una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), para que desde esa instancia se les haga cumplir con lo estipulado en las leyes y la Constitución de la República.