La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) criticó que el Consejo del Poder Judicial haya contratado un seguro médico internacional exclusivo para los jueces activos y jubilados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), extendiendo el beneficio también a sus hijos mayores de edad.

A través de una nota de prensa, Adocco señaló que este privilegio no se otorga a los jueces de otros niveles del sistema judicial.

El cuestionamiento de la organización de la sociedad civil se desprende de la comunicación enviada al Consejo del Poder Judicial el día 3 de mayo del 2024 por la magistrada Ysis B. Muñiz Almonte, jueza presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y presidente en funciones de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), en la que solicita al órgano supremo de gobierno del Poder Judicial que se tomen las acciones correspondientes a los fines de dejar sin efecto una práctica «bochornosa e ilegal asumida y/o validada por las actuales autoridades».

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«Entrando en materia, cuando un juez recibe el beneficio del seguro médico para él y su núcleo familiar, entiéndase su esposa (o) e hijos menores de edad, esto encuentra justificación porque se constituye en un beneficio directo para el juez, sobre quien recae la obligación legal de manutención, que implica proveer y cubrir, entre otros, los gastos de asistencia médica y educación. De ahí que cualquier beneficio dirigido a los hijos del trabajador dentro de la minoría de edad, que comprende toda la infancia y adolescencia, se traduce en un beneficio directo al juez que es quien tiene una relación laboral con su empleador, el Poder Judicial», agrega la información.

En ese sentido, explica que luego que esos hijos adquieren la mayoría de edad e independientemente de que en la práctica como padres responsables y amorosos sigamos apoyándolos en todos sus proyectos, lo cierto es que desaparece la obligación legal de manutención, por lo que no resulta posible o mejor dicho, resulta ilegal que el Consejo del Poder Judicial destine sumas importantes de su presupuesto para generar un beneficio, ahora directo, en favor de personas que no tienen ningún vínculo laboral.

«Prueba de lo anterior es que, el seguro médico nacional que tienen los jueces del país, solo cubre los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad y esta exclusión opera automáticamente, salvo que el juez asuma cubrir el costo de la prima con sus propios recursos y eso lo saben nuestros representantes, así que no pueden alegar ignorancia», adiciona.

Para el presidente de Adocco, Julio César De la Rosa Tiburcio, medida como esa, sumadas a los intentos de violación del escalafón de promociones de jueces y juezas, junto a los traslados irregulares, podrían provocar la más profunda crisis en el servicio judicial que afecte la institucionalidad y el orden democrático, por lo que hace un llamado a la reflexión del presidente del órgano y de la Suprema Corte de Justicia, para que descontinúe sus prácticas «faraónicas».