Protesta de mujeres en Procuraduría | Foto: EFE Orlando Barría
Decenas de organizaciones pro defensa de la mujer afirmaron ayer domingo que el Estado dominicano ha "reprobado" en cumplir los compromisos establecidos en la Plataforma de Acción de Pekín, celebrada hace 25 años, para avanzar hacia la igualdad de género y mejorar la calidad de vida de las mujeres.
Aseguraron que el Día Internacional de la Mujer encuentra al país con altos niveles de desigualdad en el ámbito económico, laboral, participación política, salud, seguridad y violencia.
"República Dominicana ocupa el tercer lugar en cuanto a tasa anual de homicidios de mujeres en Latinoamérica. Es la cuarta causa de muerte en mujeres en edad reproductiva de 15 a 34 años", denunciaron en un documento leído en un parque de la capital
Con respecto a la situación económica, las activistas dijeron que la pobreza afecta principalmente a las mujeres, en especial en el entorno rural. "El 25,4 % de las mujeres del campo vive en extrema pobreza y el 47,5 % en situación de pobreza".
En el documento, reclaman el cumplimiento de las leyes Electoral y de Partidos Políticos que establecen que en las demarcaciones territoriales se cumpla el porcentaje no menor de 40 ni mayor de 60, en la representación para cada sexo.
Asimismo, la aprobación del aborto en tres causales, además de la prohibición absoluta del matrimonio infantil.
También reclaman, el derecho a una vida libre de violencia, y la garantía de acceso a la Justicia, ente al que acusan de ignorarlas y abandonarlas.
"Pedimos la eliminación del racismo y la xenofobia institucional, que amerita políticas con perspectivas interseccionales en reconocimiento de que el logro de la igualdad implica el reconocimiento de desigualdades específicas expresadas en condiciones de mayor vulnerabilidad", afirmaron.
Los grupos reclamaron un Estado responsable que adopte las medidas "necesarias para superar la desigualdad económica, el acceso a empleos dignos, remunerados y de calidad, seguridad y soberanía alimentaria, una vida libre de acoso y la implementación de una política públicas de cuidado socialmente responsable.
