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Los abogados Nicki Rafael Minaya Jáquez y Cosme Damián Clase Brito, representantes legales del Grupo Mar de Plata, calificaron como positiva y ajustada a derecho la ejecución del desalojo realizado en el Kilómetro 14 de la Avenida Las Américas, donde más de 350 personas fueron retiradas de unos terrenos cuya titularidad —afirman— pertenece legítimamente a la empresa.
Los juristas presentaron títulos de propiedad, sentencias y decisiones judiciales que, según sostienen, confirman de manera definitiva la posesión del inmueble a favor del Grupo Mar de Plata.
Tres años de litigio y múltiples decisiones judiciales
Minaya Jáquez y Clase Brito explicaron que el conflicto por los terrenos lleva más de tres años en los tribunales y ha sido objeto de numerosas decisiones judiciales. Indicaron que, durante este tiempo, el Abogado del Estado autorizó la ejecución del desalojo en nueve ocasiones, pero retrasos administrativos y el vencimiento de las órdenes evitaron su cumplimiento.
Ante este escenario, la compañía interpuso una acción de amparo de cumplimiento, buscando que la Policía Nacional ejecutara la sentencia vigente que ordenaba el desalojo.
Los abogados señalaron que acuerdos previos con los ocupantes, así como una resolución del Abogado del Estado, también respaldan la legalidad del procedimiento. Recordaron que hace un año se había alcanzado un entendimiento con los ocupantes, pero el incumplimiento del mismo obligó a proceder mediante la fuerza pública.
Agradecimientos y respeto al Estado de derecho
Los representantes legales agradecieron al Abogado del Estado por actuar con objetividad conforme al artículo 15 de la Ley 136-11, y destacaron que el presidente Luis Abinader respetó en todo momento el marco constitucional pese a las presiones políticas relacionadas con el caso.
Asimismo, valoraron la actuación de la Fiscalía de Santo Domingo Este, que recibió las querellas correspondientes y citó a los ocupantes identificados como ilegales.
Restablecimiento del orden y garantía del derecho de propiedad
El operativo concluyó con el retiro de más de 350 personas, acción que —según el Grupo Mar de Plata— permitió restablecer el orden en la zona y reafirmar el derecho de propiedad amparado en los títulos y sentencias presentadas.
