José Francisco Núñez, fiscal titular de Santiago | Foto: Fiscalia_Stgo
El abogado Pantaleón Mieses, representante del procurador fiscal de Santiago, Francisco Núñez, en el conflicto con el alcalde Abel Martínez por el allanamiento a su oficina política en esa ciudad, reiteró su rechazo a que la requisa realizada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) estuviera dirigida a afectar al ejecutivo municipal o que fuera por rencillas personales entre ambos.
El profesional del derecho también rechazó las denuncias y querella de Abel Martínez contra Núñez y atribuye ésta y otras que se han realizado en varias jurisdicciones a un "plan estratégico" para cambiar a fiscales de plazas importantes del Distrito Nacional, Santiago y La Vega, por lo han venido haciendo "este tipo de procesos".
Defendió la participación del fiscal Núñez en el allanamiento en la casa donde opera la oficina política de Abel y aseguró que se cumplió con el debido proceso, ya que la requisa fue dispuesta por un juez a petición de la DNCD y el procurador fiscal participó como acompañante del organismo y porque es su facultad como investigador de los hechos delictuosos de los cuales se les notifique.
En llamada telefónica a El Gobierno de la Tarde para responder al abogado Félix Portes, que representa al alcalde Abel Martínez en su querella contra el fiscal Núñez, el abogado Pantaleón Mieses insistió en aclarar que acción no estuvo dirigida en contra de éste, sino contra dos personas debidamente identificadas y en atención a informaciones de inteligencia con las cuales dijo que contaba el organismo antidrogas.
Descartó que ésta fuera una acción "aviesa" del Ministerio Público en contra de alcalde, por lo cual dijo no entender el por qué de la querella en contra del fiscal de Santiago.
Admitió que entre Abel y Núñez hubo alguna vez diferencias en relación al uso de armas de fuego de los policías municipales, lo que considera es normal entre autoridades.
Pantaleón Mieses reconoció que hubo un error de parte de la inteligencia de la DNCD, y no del Ministerio Público, al no encontrarse las dos personas que se buscaban en el lugar allanado, pero recordó que se ocuparon siete armas, de las cuales se ofreció un informe correspondiente sobre su estatus a la Procuraduría General de la República.
