La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la prisión preventiva de tres meses impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir un soborno de un testigo vinculado a una investigación por presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión fue adoptada durante la revisión obligatoria de la medida de coerción, luego de que el representante del Ministerio Público fuera arrestado en marzo pasado. El tribunal estuvo integrado por los jueces Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo y Yorlin Vásquez Castro.
Durante la audiencia, Valdez Alcántara pidió a los magistrados variar la medida de coerción, asegurando que no tiene intención de sustraerse del proceso judicial. Asimismo, sostuvo que es el principal interesado en que los hechos sean esclarecidos para recuperar su reputación, afectada por las acusaciones de cohecho que le atribuye la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
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El imputado, quien permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, insistió en que los hechos que se le atribuyen no ocurrieron. Según afirmó, es falso que haya solicitado o recibido los 10 mil dólares que, de acuerdo con la acusación, exigió a Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario de la ARS Senasa y testigo en la investigación.
De acuerdo con el Ministerio Público, Valdez Alcántara formaba parte del equipo de fiscales que investigaba una presunta red de corrupción dentro de Senasa cuando habría incurrido en la conducta ilícita.
Tras la audiencia, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, defendió la solidez de la acusación y aseguró que existen evidencias que respaldan los cargos.
“No hay forma de negar la imputación”, afirmó Camacho, al explicar que el dinero supuestamente entregado al fiscal formó parte de una operación controlada coordinada por las autoridades. Según indicó, los billetes fueron previamente identificados y fotografiados antes de la entrega, y posteriormente habrían sido encontrados en poder del imputado.
