Fausto Montes de Oca I Foto: Yohan Castillo
La motocicleta en la República Dominicana dejó hace tiempo de ser solo un instrumento de trabajo. Hoy es también uno de los mayores desafíos de convivencia urbana, de autoridad pública y de respeto a la ley. Lo que comenzó como una salida económica para miles de hombres empujados por la pobreza, la migración del campo a la ciudad y la precariedad laboral, se ha transformado en muchos casos en un fenómeno que bordea peligrosamente la anarquía social.
Es cierto: detrás de cada motor hay muchas veces un padre de familia, un hombre que busca llevar sustento a su hogar en medio de una economía desigual. Pero también es cierto que una parte importante de ese universo ha terminado imponiendo en calles y avenidas una cultura del irrespeto, donde la norma parece no existir y donde el derecho ajeno vale poco frente a la lógica del atropello.
La ciudad vive diariamente bajo una especie de presión permanente: motores en vía contraria, semáforos ignorados, aceras invadidas, giros temerarios, amenazas, insultos y agresiones. Lo grave no es solo la falta vial; lo verdaderamente alarmante es la normalización de la violencia como mecanismo de respuesta.
Cuando un motorista lanza piedras contra un vehículo privado, golpea un cristal sin importar que dentro haya niños, o intimida a un conductor porque se siente con derecho absoluto sobre la calle, ya no estamos frente a una infracción de tránsito: estamos frente a una conducta delincuencial que golpea directamente la paz social.
Y lo más delicado es que muchas veces esa violencia ocurre ante una autoridad que observa, calcula políticamente y posterga decisiones. Esa pasividad institucional termina convirtiéndose en complicidad silenciosa.
La ley no puede ser flexible para unos y rígida para otros. La igualdad de derechos no significa que un sector pueda actuar como si estuviera por encima de todos los demás. La ley demanda obediencia general, porque cuando uno decide romperla sin consecuencias, el daño termina alcanzando a toda la sociedad.
La pandemia del COVID-19 abrió una nueva etapa: las plataformas digitales de pedidos absorbieron miles de motociclistas y crearon empleo inmediato. Eso redujo parcialmente una parte del uso criminal de la motocicleta, porque muchos encontraron ingreso en el reparto digital en lugar de delinquir. Pero ese alivio económico no vino acompañado de educación vial, ni de disciplina ciudadana, ni de régimen de consecuencias.
Al gobierno las plataformas digitales vinieron a resolverle un problema socioeconómico , pero dejó intacto el problema cultural que se expresa en el caos en el tránsito.
Hoy el motoconchismo ya no es solo una actividad laboral: es también un actor político, social y electoral. Se habla de un universo de más de dos millones de votos vinculados directa o indirectamente a ese sector. Y ahí aparece el gran dilema nacional: ¿se gobierna pensando en votos o en orden público?
Porque ninguna democracia puede aceptar que el miedo en las calles sustituya el principio de autoridad.
La República Dominicana necesita discutir seriamente un código especial para esta actividad, ajustado a nuestra realidad: licencia obligatoria, formación mínima, registro territorial, identificación visible, control técnico y sanciones inmediatas.
No se trata de perseguir al pobre; se trata de impedir que la necesidad económica se convierta en justificación del caos.
Porque cuando la violencia se institucionaliza en el tránsito, cuando la autoridad teme actuar y cuando el ciudadano se siente indefenso frente al desorden, lo que está en juego no es solo el tránsito: es el tipo de sociedad que estamos construyendo.
Y una sociedad que acepta el desorden como costumbre termina pagando un precio demasiado alto: pierde respeto, pierde seguridad y pierde futuro.
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