El procurador general de la República, Jean Rodríguez, informó ayer jueves de una supuesta trama de corrupción en la venta irregular del sector Los Tres Brazos, ubicados en Santo Domingo Este.

Por el hecho, hasta el momento, hay 11 personas imputadas, entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios, a los que se les emitió órdenes de arresto y son acusados de prevaricación, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, abuso de jurisdicción, estafa contra el Estado y asociación de malhechores entre otros tipos penales.

Los acusados son Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Luis José Cruz Crespo, exgerente inmobiliario de Corde; Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de título del Distrito Nacional y actual directora nacional de Registros de Títulos.

Asismismo, Domingo Geraldo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Gómez William y Julio César Gómez William, principales accionistas de Inversiones Fernández Parache (Infepa); Juana Inés Gómez William, hermana de los imputados y principal accionista y representante de Proyecciones Inmobiliarias Gowi; José de Pool Dominici, principal accionista y representante de Titulatec. Asimismo, los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.

Rodríguez detalló que hubo cuatro etapas en la presunta trama de corrupción, la que calificó de “compleja”, pero de las que tienen pruebas de que los imputados “actuaron con mala fe” y coordinados para estafar a miles de familias del sector Los Tres Brazos.

«Nuestro compromiso contra la corrupción es total y este procurador hará todo lo posible para que caiga sobre los presuntos corruptos todo el peso de la ley. Permítanme que les explique brevemente la secuencia de los hechos distribuyendolas en cuatro etapas para primera etapa», dijo.

Primera etapa

La primera etapa, según Rodríguez, consistió en la venta de los terrenos del Estados.

En esta, Leoncio Almánzar, exdirector de Corde, José Cruz Crespo y Manuel Aybar Ferrando, habrían confabulado junto a Juana Ynés Gómez Williams, de Proyecciones Inmobiliarias Gowi para vender los terrenos.

Para ello, añadió Rodríguez, ejecutaron una serie de calculados movimientos en los que Proyecciones Inmobiliarias Gowi se hizo pasar, en principio, como una compañía solo interesada en participar en la regularización de los terrenos del sector, para luego venderlos a los ocupantes.

Pero sus verdaderas intenciones, afirmó el procurador, eran vender todos los terrenos a precios por debajo de su valor. Un ejemplo de esto es que una de las parcelas tasada por la Dirección General de Impuestos Internos por un valor de 85 millones de pesos, fue vendida por Gowi en cuatro millones de pesos.

Pero no acabó ahí. Durante las negociales, Juana Ynés Gómez Williams, habría asegurado de que la venta que ella intermediaba se hiciera a la empresa de sus hermanos Carlos Gómez William y Julio César Gómez William, es decir, a Infepa, en la que también partició Domingo Lebrón de los Santos.

“Señoras y señores, a precio de vaca muerta los hermanos y sus cómplice se hacían con todo un enorme barrio de la provincia de Santo Domingo y así el fraude al Estado dominicano quedaba en familia”, manifestó el procurador.

Segunda etapa

La segunda etapa del entramado corresponde, según el Ministerio Público, al falseamiento de los registros y al registro irregular de la transferencia.

¿Cómo evitar que los terrenos del Estado no fueran aprobados por el Congreso Nacional en su transparencia como lo manda la Constitución? Haciendo creer que los terrenos eran de empresas privadas, explicó Rodríguez.

En esta etapa entra en acción la acusada y en aquel entonces registradora de Títulos del Distrito Nacional Rosabel Castillo Rolffot, quien jugó un “papel fundamental” en la materialización del fraude, según afirmó el procurador.

Como registradora, Castillo Rolffot tenía la obligación de investigar el estado jurídico de la parcela del sector antes de aprobar su transferencia, pero habría omitido de forma intencional, la realización de esa gestión de su función, dijo Rodríguez.

Si la funcionaria habría hecho su trabajo, como lo dijo Jean Rodríguez, se daría cuenta de que en 1976 las parcelas 153-A-1 y 153-A-2 fueron declaradas de utilidad pública mediante decreto que está inscrito en el registro de títulos que ella coordinaba. Pero además, habría ignorado las advertencias de sus técnicos subordinados, quienes supuestamente le habían dicho que los terrenos eran del Estado y que se estaría cometiendo una ilegalidad.

Tercera etapa

Aquí se desarrolló el proceso de deslinde y subdivisión de la parcela 153-A-2, donde intervienen los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, según el procurador.

Rodrígurz dijo que estos, en su ejercicio como oficiales públicos, incurrieron, en perjurio y falsedad de los trabajos de mensuras que presentaban ante Jurisdicción Inmobiliaria con el objetivo de facilitar el registro ilícito de la venta de los inmuebles, declararon falsamente que notificaron la operación de deslinde a los ocupantes del sector, evitando así cualquier contestación que entorpecieron sus maniobras fraudulentas.

Los agrimensores obviaron mencionar en sus trabajos de mensura el detalle de la existencia de infraestructura del Estado que incluye una escuela pública, un destacamento de la Policía Nacional, entre otros.

Cuarta etapa

Esta última y cuarta etapa se trata de la reventa de los inmuebles y es cuando habría intervenido la empresa Titulatec con sus accionistas y representantes, en particular, José de Pool Dominici y otras sociedades comerciales que están bajo investigación.

Aquí, Infepa y Titulatec, y los demás imputados, se habrían confabulado para comprar los terrenos y venderlos a los mismos habitantes de Los Tres Brazos a precios exagerados.

El procurador dijo que Titulatec, Infepa y Proyecciones Inmobiliarias Gowi, valiéndose de un entramado societario, concertaron pagar los terrenos que Infepa había comprado, mediante la entrega de otros inmuebles que se encontraban grabados a nombre de terceros para luego exigirlos devuelta en pago, por concepto de comisiones a favor de Proyecciones Inmobiliaria Gowi.

Es decir, que el estado nunca entraría en posesión de los inmuebles dados en supuesto pago. Estas entre otras maniobras que fueron asentadas dolosamente por los funcionarios de Corde, perjudicaron el patrimonio público, logrando así desfalcar al Estado, señaló Rodríguez.

“Se trata, como ven, de uno de los fraudes más importantes que se ha conocido en nuestro país”, destacó.