Fausto Montes de Oca | Foto: Yoan Castillo
En la política dominicana —y en realidad en casi cualquier democracia— existe una constante que el tiempo se encarga de confirmar: no siempre el candidato es el mismo que el presidente. El ejercicio del poder transforma, condiciona y, en muchos casos, diluye los principios que en campaña se presentan como inquebrantables. Con Luis Abinader, esa brecha entre el discurso electoral y la práctica gubernamental vuelve a ponerse sobre la mesa.
Durante su camino hacia el poder, Abinader construyó una narrativa centrada en la ética pública, la transparencia y una lucha frontal contra la corrupción. Ese mensaje no solo conectó con un electorado cansado de escándalos, sino que también elevó las expectativas sobre lo que sería su gestión. Sin embargo, la realidad del gobierno ha demostrado que las promesas, cuando se enfrentan a las decisiones concretas, suelen perder nitidez.
Un caso reciente ilustra esta contradicción: la pensión otorgada a Wanda Altagracia García Rondón de Pimentel, exdirectora del Acuario Nacional. Su salida del cargo no fue discreta ni administrativa; estuvo marcada por denuncias de nepotismo, irregularidades en contrataciones y manejo cuestionado de recursos públicos. Investigaciones periodísticas, como las realizadas por Nuria Piera, revelaron prácticas preocupantes, incluyendo la designación de familiares en posiciones estratégicas y la adjudicación de contratos a empresas sin capacidad técnica comprobada.
Los detalles del caso no son menores. Se documentaron pagos irregulares, licitaciones adjudicadas a compañías sin relación con los servicios contratados, y beneficios económicos otorgados a personas vinculadas directamente con la entonces funcionaria. Incluso después de su desvinculación formal, continuaron apareciendo indicios de desorden administrativo y falta de controles efectivos.
En ese contexto, la decisión de otorgarle una pensión mensual de RD$90,000 mediante decreto presidencial no puede interpretarse como un acto aislado. Más bien, envía un mensaje preocupante: que las consecuencias de la mala gestión pública pueden ser, en el mejor de los casos, indulgentes. Y ahí es donde el discurso ético de campaña se enfrenta con la lógica pragmática del poder.
El problema no es únicamente la pensión en sí, sino lo que simboliza. Cuando un gobierno que se presentó como abanderado de la transparencia toma decisiones que parecen contradecir ese compromiso, se erosiona la confianza ciudadana. La lucha contra la corrupción no puede limitarse a declaraciones o a casos selectivos; requiere coherencia, incluso cuando las decisiones son políticamente incómodas.
Es cierto que gobernar implica negociar, ceder y, en ocasiones, tomar decisiones que no satisfacen plenamente a la opinión pública. Pero también es cierto que el capital político construido sobre la ética es particularmente frágil. Basta una sola acción contradictoria para poner en duda todo un discurso.
El tránsito de candidato a presidente suele implicar un choque con la realidad. Sin embargo, ese choque no debería justificar la renuncia a los principios fundamentales. Si algo demanda la ciudadanía hoy, más que discursos bien elaborados, es consistencia.
Porque al final, la legitimidad de un gobierno no se mide por lo que prometió en campaña, sino por lo que está dispuesto a hacer —y a evitar— cuando tiene el poder en sus manos.
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