Columna de Julio Santana
Desde esta misma columna (ver: https://n9.cl/0v25x; https://n9.cl/6jdsq), alarmados por las denuncias y los cuestionamientos formulados en torno al acceso a medicamentos de alto costo, procuramos contribuir al debate sin la pretensión de presentarnos como expertos en una materia tan delicada.
Retornamos ahora sobre el asunto porque entendemos que toda discusión seria sobre estos medicamentos debe partir de un principio elemental que nunca debería perderse en el laberinto administrativo. Cuando se trata de cáncer y de otras enfermedades crónicas graves, el tiempo no es un simple dato burocrático, es vida, y muy poco debería importar a quién corresponde formalmente una cobertura si el paciente ve retrasado el acceso al tratamiento que necesita.
En oncología, como bien se sabe, las demoras no solo afectan la oportunidad terapéutica, sino también los presupuestos familiares, la calidad de vida y, en muchos casos, la propia supervivencia del paciente.
Tomada esa realidad en cuenta, conviene precisar algo importante. El propio Consejo Nacional de la Seguridad Social aclaró que hasta ahora no ha aprobado ninguna modificación que obligue a los afiliados a hacer las adquisiciones a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo. Lo que existe es un proceso de análisis en su Comisión Permanente de Salud, a solicitud de la DIDA, para evaluar distintos aspectos relacionados con el acceso y la adquisición de estas medicinas. Esa precisión institucional merece ser tomada en cuenta, porque ayuda a separar la alarma del hecho consumado.
Ahora bien, que la medida no haya sido aprobada todavía no vuelve irrelevantes las preocupaciones expresadas por la Sociedad Dominicana de Oncología Médica y por los centros especializados. Al contrario, las hace más necesarias. La propia información oficial indica que la solicitud de la DIDA busca que se considere la posibilidad de realizar adquisiciones conjuntas a través de la DAMAC para optimizar procesos y mejorar el acceso. En principio, nadie debería oponerse por reflejo a una fórmula que procure más transparencia, mejor trazabilidad o menores costos. El problema comienza cuando, en nombre de esa racionalidad administrativa, se termina levantando una nueva barrera frente al enfermo.
Para nosotros, ahí reside el punto más delicado del debate actual en torno a este asunto. Centralizar compras puede resultar razonable en determinadas circunstancias, pero centralizar de manera obligatoria el acceso, la autorización y la dispensación, sin una red logística madura, garantías territoriales efectivas, plazos estrictos y bajo amenazas estructurales latentes de discrecionalidad administrativa, es otra cosa.
En un país donde muchos pacientes deben trasladarse desde provincias lejanas o parajes remotos, cualquier cuello de botella burocrático puede traducirse en interrupción de ciclos, deterioro clínico y una angustia adicional para familias ya golpeadas por la enfermedad. Hace mucho aprendimos que la eficiencia no se proclama ni se presume; lo verdaderamente decisivo es demostrar, con hechos, capacidad real de respuesta.
Aquí aparece un dato que no debería ser minimizado. La DIDA ofrece el servicio de Carta de No Cobertura de Salud y su portal establece un tiempo de realización de entre uno y cinco días, además de requerir documentación previa para determinados casos. Tal vez ese plazo no parezca excesivo en una oficina. Pero en la vida real de un paciente oncológico, cinco días administrativos pueden ser demasiado tiempo cuando el tratamiento no admite interrupción ni retraso. Lo que sobre el papel se presenta como un trámite puede convertirse, en la práctica, en una demora clínicamente costosa.
A ello se suman objeciones que merecen ser escuchadas con seriedad. La Sociedad Dominicana de Oncología Médica advierte con mucha razón que los cambios regulatorios deben evaluarse tomando en cuenta su impacto sobre la autorización, la compra y la distribución de estos fármacos a nivel nacional. Los centros oncológicos, por su parte, insisten en riesgos concretos vinculados a la continuidad terapéutica, la preservación de la cadena de frío, la logística de distribución y la concentración de la dispensación en pocas ciudades, con los consiguientes costos de traslado y retrasos para pacientes de otras regiones. No se trata, pues, de una discusión abstracta sobre competencias institucionales. Estamos frente a una cuestión clínica, territorial y humana.
Tampoco debería despacharse con ligereza la preocupación relativa a posibles espacios de opacidad. Cada vez que se concentran autorizaciones, compras, inventarios y distribución de bienes de altísimo valor económico dentro de un mismo circuito, aumentan objetivamente los riesgos de discrecionalidad y captura.
No afirmamos con ello que toda centralización desemboque inevitablemente en corrupción. Sí sostenemos que una política pública responsable está obligada a blindarse desde el inicio con controles independientes, trazabilidad pública y auditorías efectivas.
La sostenibilidad financiera del sistema importa, por supuesto. Un sistema quebrado no protege a nadie. También entendemos que la sostenibilidad no puede convertirse en excusa para debilitar el acceso real y oportuno a la salud.
Un modelo puede incluso exhibir ahorros en el papel y, sin embargo, fracasar moralmente si obliga al enfermo a recorrer nuevas ventanillas, esperar autorizaciones inciertas o sufrir interrupciones terapéuticas por deficiencias previsibles del diseño institucional.
Todavía hay tiempo para hacer las cosas bien. El CNSS debería organizar una deliberación más amplia, técnicamente rigurosa y humanamente responsable con oncólogos, otros especialistas, centros especializados, pacientes, ARS y autoridades sanitarias.
Si la determinación es impulsar una reforma pertinente, entonces que sea con plazos perentorios de respuesta, interoperabilidad digital entre ARS, DIDA, DAMAC y prestadores, mecanismos de excepción clínica, garantías efectivas de cadena de frío, cobertura territorial suficiente y auditorías independientes sobre compras, inventarios y dispensación. En un asunto tan sensible como este, la buena política pública no es la que multiplica controles formales, sino la que garantiza que el medicamento llegue a tiempo, en condiciones seguras y sin convertir la enfermedad en una carrera de obstáculos.
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