Columna de Julio Santana

Keynes solía recordar que la estabilidad nunca es definitiva y que la verdadera inteligencia económica consiste en prepararse para la incertidumbre. Esa reflexión conserva hoy plena vigencia. De hecho, parece inspirar, al menos en su punto de partida, el más reciente informe del Banco Central de la República Dominicana, elaborado por la Asesoría de la Gobernación y titulado La economía dominicana en un entorno de incertidumbre creciente, en el que reconoce que el mundo atraviesa una nueva etapa de volatilidad cuyos efectos pueden sentirse con fuerza en economías pequeñas y abiertas como la dominicana.

Ahora bien, el problema radica en determinar hasta qué punto los supuestos sobre los que descansa el optimismo oficial resisten el examen de la realidad internacional pocos días después de publicado el informe.

La entidad monetaria identifica tres focos principales de tensión: el resurgimiento de los riesgos geopolíticos, la volatilidad derivada de la política comercial de Estados Unidos y las dudas sobre el rumbo futuro de la Reserva Federal. A pesar de ello, mantiene para 2026 una proyección de crecimiento en torno al 4 %, superior al promedio previsto para América Latina. ¿Descansa esa proyección sobre supuestos demasiado frágiles para el momento actual?

El primer punto crítico es el petróleo. El escenario base del Banco Central asume para 2026 un precio de referencia de 60 dólares por barril. Pero la realidad de marzo luce bastante más tensa. En los últimos días, el Brent ha llegado a situarse por encima de los 119 dólares (86,79 $ en lo que va de mes, desde los USD 70,89 del mes anterior),  y, aun después de retrocesos bruscos, el crudo sigue moviéndose muy por encima del supuesto utilizado por la autoridad monetaria. La distancia entre esa hipótesis de trabajo y el comportamiento reciente del mercado no es menor ni meramente técnica. De hecho, es una brecha que obliga a pensar con más prudencia.

Para el país, esto no constituye una simple oscilación externa. El propio Banco Central recuerda que la factura petrolera representa en promedio un 17 % de las importaciones nacionales en los últimos cinco años y estima que cada aumento de un dólar en el precio del petróleo añade aproximadamente 63.4 millones de dólares a esa factura. Esto significa que una economía importadora neta de energía no puede tratar el precio del crudo como una variable internacional sin consecuencias estructurales sobre su equilibrio macroeconómico.

La vulnerabilidad aumenta cuando se considera que el riesgo no se limita al precio, sino también a la posibilidad de disrupciones físicas del comercio energético mundial. En un contexto de guerra abierta en el Golfo Pérsico, por donde transita una parte sustancial del petróleo que se comercializa en el mundo, la hipótesis de un encarecimiento prolongado del crudo no puede descartarse como si fuera un escenario remoto o excepcional. Menos aun cuando los mensajes que llegan desde Washington oscilan entre promesas de una salida rápida y señales de un conflicto más prolongado e incierto.

Desde esa perspectiva, el supuesto de un petróleo promedio de 60 dólares luce más como una base optimista de planificación que como una referencia verdaderamente robusta. Pero la propia autoridad monetaria introduce un elemento compensador en su análisis: el precio del oro.

Su escenario base trabaja con un valor de 4,450 dólares por onza troy y estima que un aumento de 95.5 dólares en el precio del oro compensaría, en la cuenta corriente, el efecto de un dólar adicional en el precio del petróleo. De ahí que, en un escenario donde el crudo promediara 10 dólares más que en el supuesto base, un precio promedio del oro de 5,405 dólares sería suficiente para mantener sin cambios la proyección de déficit de cuenta corriente de 1.1 % del PIB. Lo interesante, y hasta cierto punto tranquilizador, es que el oro ya se mueve en niveles muy elevados, por encima de 5,200 dólares la onza, relativamente algo distante de esa zona de compensación teórica.

Con todo, ese razonamiento debe asumirse con la debida precisión. Lo que el Banco Central plantea es una compensación en el frente externo, no una neutralización integral del impacto económico de un petróleo caro. Incluso si un mayor precio del oro ayudara a amortiguar el deterioro de la cuenta corriente, ello no eliminaría los efectos internos de un encarecimiento sostenido de la energía sobre la inflación, el transporte, la generación eléctrica, los costos de producción y el poder adquisitivo de los hogares. Mucho menos resolvería, por sí solo, las presiones fiscales derivadas de eventuales subsidios destinados a contener alzas bruscas en los precios de los combustibles, ni la fuerte presión que supone el creciente servicio de la deuda pública consolidada.

Agreguemos la incertidumbre comercial proveniente de Estados Unidos. El informe del Banco Central destaca que el nuevo arancel global temporal tendría, en principio, un efecto limitado sobre ciertos sectores dominicanos, particularmente sobre textiles y prendas de vestir amparados por el DR-CAFTA. Entendemos que sería prematuro concluir que ello garantiza inmunidad. Una política comercial más errática o más proteccionista en Estados Unidos puede afectar no solo los precios relativos, sino también la demanda, la inversión y las expectativas de empresas que operan en cadenas integradas con ese mercado.

De igual modo, la incertidumbre sobre la política monetaria estadounidense añade otra capa de fragilidad. Para una economía tan vinculada a los flujos de capital, al turismo, a las remesas y al financiamiento externo, esa incertidumbre no es un asunto secundario. Es cierto que entre las fortalezas del país figuran la estabilidad relativa del tipo de cambio, la recuperación de flujos externos, la solidez de la inversión extranjera directa y una percepción de riesgo país más favorable que la observada en otras economías de la región. ¡Todo eso cuenta, y mucho! Pero ninguna de esas fortalezas equivale a un blindaje absoluto.

Siendo cierta la capacidad de aguantar y reponerse de la economía nacional, es decir, su resiliencia, no resulta aconsejable olvidar que, en un mundo donde una crisis internacional puede alterar en pocos días la inflación, la balanza de pagos y el costo fiscal de las medidas de contención interna, hablar de blindaje absoluto resulta más una consigna tranquilizadora que una realidad plenamente demostrable. En definitiva, ¿cuánto margen real tiene el país para enfrentar esos riesgos sin comprometer su estabilidad fiscal, cambiaria y social?

Z Digital no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus colaboradores expresan a través de los trabajos y artículos publicados. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información gráfica, audiovisual o escrita por cualquier medio sin que se otorguen los créditos correspondientes a Z Digital como fuente.

Julio Santana

Julio Santana es economista y analista de temas técnicos, geopolíticos y nacionales. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector gubernamental dominicano y mantiene una voz crítica, independiente y poco complaciente en el análisis de asuntos nacionales e internacionales.