Columna de Julio Santana
No cabe duda de que la detención de Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas militares de Estados Unidos constituye uno de los episodios más disruptivos y controversiales de la historia reciente de América Latina. Más allá del inmediato impacto político y mediático, marcado por la conmoción regional y la polarización global, el acontecimiento abre interrogantes de fondo sobre la vigencia del derecho internacional, la eficacia real de los mecanismos de coerción empleados y, sobre todo, los límites de la acción unilateral en el sistema internacional contemporáneo.
En lo que respecta a la apelación a la legalidad internacional, numerosos analistas de reconocido prestigio comienzan a calificarla, no sin razón, como una perogrullada recurrente, un recurso retórico vacío que pierde toda fuerza normativa cuando no se traduce en acciones multilaterales concretas y vinculantes. En ausencia de ese marco colectivo, dicha legalidad parece incapaz de contener, o siquiera de atemperar, lo que bien podríamos describir como el actual desenfreno estratégico de Washington, orientado crecientemente por los objetivos de su agenda MAGA.
Desde una perspectiva operativa, la acción fue rápida y aparentemente eficaz. En cuestión de horas, una compleja estructura militar logró alcanzar su objetivo central. Sin embargo, cabe preguntarse si la eficacia táctica equivale necesariamente a legitimidad estratégica. La incursión armada en el territorio de un Estado soberano, realizada sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni la demostración clara de una situación de legítima defensa inmediata, entra en abierta tensión con principios fundamentales del derecho internacional que aún se proclama como vigente y vinculante, en particular los de soberanía y no intervención. La eventual normalización de este tipo de acciones corre el riesgo de erosionar los marcos multilaterales concebidos para contener los conflictos entre Estados y garantizar la paz, la estabilidad y la convivencia pacífica en el sistema internacional.
Washington presentó la operación como parte de su lucha contra el narcotráfico. No obstante, esta justificación enfrenta cuestionamientos empíricos. No se ha presentado evidencia pública y verificable que confirme la existencia operativa del llamado Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional con capacidad comparable o semejante a los principales cárteles regionales, principalmente mexicanos y colombianos. Asimismo, estadísticas oficiales estadounidenses indican que la mayor parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos (más del 90%) ingresa por la frontera con México, lo que relativiza el impacto potencial de una acción centrada en Venezuela sobre ese fenómeno.
A ello se suma la narrativa de ataques contra supuestas embarcaciones dedicadas al narcotráfico. Desde un análisis basado en capacidades militares y de vigilancia, resulta difícil explicar cómo tales embarcaciones podrían operar de forma sostenida en áreas intensamente monitoreadas por la armada más avanzada del mundo sin ser detectadas o neutralizadas de manera sistemática. ¿No debilita esta discrepancia la consistencia del relato utilizado para sustentar la operación?
Nada de lo anterior implica desconocer la profundidad de la crisis venezolana ni las responsabilidades del propio Maduro. La prolongación de su mandato tras procesos electorales cuestionados, los abusos de poder y la persecución política, la falta de transparencia institucional y el deterioro económico y social terminaron debilitando seriamente la legitimidad del sistema político. Precisamente por ello, numerosos actores sostienen que una salida sostenible debía construirse por vías políticas y electorales, con garantías y observación internacional, como mecanismo de estabilización interna y reconocimiento externo.
En el plano interno venezolano, tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera la presidencia de forma encargada, invocando la figura constitucional de falta temporal del jefe del Estado. Más allá de las controversias sobre la independencia del órgano judicial, la decisión expresa la voluntad del Estado venezolano de preservar la continuidad institucional y de no reconocer un vacío de poder derivado de una acción externa. El reconocimiento de esta situación por parte de Brasil y otras naciones confirma, además, la ausencia de una posición internacional unificada frente a los acontecimientos.
La ampliación del discurso estadounidense hacia otros países de la región no hace sino reforzar estas preocupaciones. El presidente Donald Trump acusó públicamente a su par colombiano Gustavo Petro de producir cocaína, lo calificó además como un “hombre enfermo” y llegó incluso a no descartar una operación militar similar a la ejecutada en Venezuela, todo ello sin presentar pruebas públicas que sustenten tales afirmaciones.
La proyección de este tipo de amenazas hacia un aliado tradicional de Washington en la región sugiere que el caso venezolano dista de ser una excepción coyuntural y apunta, más bien, a la consolidación de una lógica de acción más amplia, basada en la intimidación, la deslegitimación política y el uso potencial de la fuerza como herramienta de presión regional.
El propio Trump reconoció posteriormente que la posibilidad de nuevas acciones militares contra Venezuela permanece abierta, aunque supeditada a la evolución de los acontecimientos y, en última instancia, a la aceptación de los dictados de Washington. Esta admisión refuerza la interpretación de que la operación del 3 de enero no constituyó un episodio aislado ni definitivamente clausurado, sino más bien un eslabón dentro de una convicción estratégica más amplia, en la que el uso de la fuerza se mantiene como una opción explícita y recurrente dentro del repertorio de la política exterior estadounidense.
Lejos de cerrar la crisis, estos hechos abren sin dudas un escenario más complejo, donde se entrecruzan disputas jurídicas, estratégicas y regionales, y donde el lenguaje y las decisiones posteriores adquieren un peso determinante.
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