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Es evidente que alcanzar las metas del desarrollo interno, especialmente en países cuyos gobiernos buscan implementar reformas estructurales en la economía y la sociedad, así como cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cada vez menos mencionados, requiere de inversiones significativas en infraestructura, capital humano y, con mayor énfasis, en adaptación al cambio climático.

Aunque nuestro país no ha experimentado en los últimos años una disminución en la inversión extranjera directa—en el primer trimestre de 2024, este indicador alcanzó la cifra histórica de US$1,280.9 millones, representando un incremento interanual del 2.4%—la movilización de ingresos nacionales enfrenta serios desafíos. Esto hace que el endeudamiento externo consolidado se considere una de las principales estrategias para mitigar el déficit presupuestario y financiar grandes obras de infraestructura. Actualmente, el déficit fiscal se sitúa en RD$38,193.3 millones, equivalente al 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB). La buena noticia es que, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, el gobierno ha logrado reducir este déficit en más de RD$17,000 millones.

No cabe duda de que el financiamiento de la deuda es crucial para el desarrollo. Sin embargo, alcanzar niveles insostenibles de endeudamiento puede frenar el crecimiento económico, aumentar la presión fiscal, reducir el gasto social y limitar la capacidad gubernamental para enfrentar desafíos financieros, especialmente aquellos que aún no han sido abordados de manera integral.

Siempre hemos abogado por una gestión responsable de la capacidad de endeudamiento del país, certificando la transparencia y el uso adecuado de los fondos en el contexto de reformas para un desarrollo progresivo y equitativo. Esta conducta gubernamental no solo debe enfocarse en reducir o mitigar las desigualdades y la pobreza en todas sus formas, sino también en sentar las bases para la modernización del sistema productivo y el avance hacia una economía basada en el conocimiento.

Hoy en día, muchos países emergentes y un gran número de aquellos con bajos niveles de ingresos están sobreendeudados, en su mayoría enfrentando el pago de un servicio de deuda insostenible, principalmente a acreedores privados. Además, decenas de estos países no cumplen con los requisitos mínimos de registro, supervisión e información confiable sobre su deuda, aspectos que, en nuestro caso, también deben ser prioritarios para asegurar que los préstamos internos y externos realmente impulsen el crecimiento y promuevan un entorno atractivo para la inversión.

Sin información fidedigna sobre la deuda, las decisiones de financiamiento se vuelven más difíciles o, en muchos casos, inadecuadas. Por otro lado, los acreedores, donantes, analistas y agencias de calificación crediticia requieren datos completos y precisos para evaluar correctamente el perfil de deuda de un país y sus oportunidades de inversión. Es igualmente importante garantizar que los ciudadanos tengan el derecho de exigir a sus gobiernos transparencia y rendición de cuentas sobre las condiciones y objetivos de los préstamos contratados. En este sentido, nuestro país no es un ejemplo para seguir, ya que no se ofrece una rendición de cuentas oportuna, detallada, confiable y precisa sobre la contratación de grandes sumas de dinero casi mensual de préstamos con bancos y agencias crediticias internacionales.

En definitiva, para que el endeudamiento externo cumpla su propósito de promover el desarrollo sostenible, es fundamental fortalecer la gestión y la transparencia de la deuda. Esto no solo permitirá un uso más eficiente de los recursos, sino que también fomentará un entorno de inversión más robusto y confiable, alineado con los objetivos de desarrollo a largo plazo.

El ritmo actual de endeudamiento, su uso para cubrir presupuestos deficitarios anuales, las enormes sumas destinadas al servicio de la deuda y el hecho de que la evasión fiscal alcanza niveles alarmantes y crecientes, deben llevarnos a una reflexión profunda. Esta reflexión debería culminar en una mayor regulación del uso de la capacidad de endeudamiento del país.

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