En una sociedad ideal, algo que está muy lejos de la sociedad real, uno imagina que una pareja de jóvenes, terminan sus estudios básicos, siguen educándose en una especialidad profesional o técnica, consiguen empleo formal y se convierten en autosuficientes.

Se conocen, se enamoran, deciden ahorrar antes de casarse con la intención de comprar un apartamento entre ambos. Se casan, siguen trabajando y ahorrando, tienen dos o tres hijos, los educan y continúan realizando sus labores cotidianas.

Al cambio de unos años, ya con casa propia, tal vez cada uno con vehículo, sin deudas acumuladas y con algo de dinero ahorrado, han logrado criar a sus tres hijos, los ayudaron para que llegaran a ser profesionales y también se casaron o se independizaron, pues los tres tienen empleos estables.

Esa pareja, él con 64 años y ella con 61, se puede decir que tiene sus problemas básicos resueltos, se han quedado solos, porque los hijos son independientes, llevan ambos trabajando más de 40 años (30 años es el mínimo de cotizaciones para optar por la pensión), y posiblemente continúen trabajando unos años más, si la salud no los traiciona.

Cuando él tiene 68 y ella 65 deciden ambos retirarse. Van cada uno a su administradora de fondos de pensiones (AFP) y verifican la cantidad de dinero que les corresponde cada mes como pensión. Como ella duró 42 años cotizando, desde su primer empleo a la edad de 23 años, y él 47, pues comenzó a trabajar a los 21, se sienten todavía con suficiente fuerza física, pero cuentan con niveles de cotización que superan en más de un 40% el tiempo requerido, acumularon lo suficiente para una pensión digna, a cada uno de manera individual.

Si se fijan, en ese escenario ideal, ellos no cotizaron 30 años, como indica la Ley 87-01 de Seguridad Social, sino que una lo hizo por 42 años y el otro por 47 años. Mucho más de lo previsto. Además, no se retiraron a la edad mínima de 60 años, como manda la normativa legal, sino que lo hicieron cinco y ocho años después, aunque tenían la posibilidad de seguir en sus empleos.

Lo anterior no es lo que ocurre en la realidad, al menos, no para todos. Sin embargo, es el escenario ideal, por lo que, basados en ese tipo de escenario o condición de vida es que los hacedores de políticas públicas diseñan los procesos. En este caso, para la pensión de un trabajador.

El problema en República Dominicana es que el escenario familiar ideal no es el real, o al menos, no es el más común, dadas las circunstancias sociales que inciden en este país. De hecho, el 65% de los trabajadores no tiene empleo formal; solo el 44%.

Además, de ese 44% de trabajadores formales, una proporción elevada tiene salarios muy por debajo del costo de la canasta básica, lo cual les impide ahorrar para llegar a cierta edad con casa y vehículos propios, sin deudas y con la posibilidad de llevar a sus hijos a la autosuficiencia en tiempo relativamente corto.

Además, difícilmente un trabador logre mantener un empleo o cambiar de empleo con la permanencia suficiente como para alcanzar las 360 cotizaciones mínimas en un período corrido de 30 años. En la actualidad, la frecuencia del empleo y cotización es de un 42%, cuando debería ser un 100%, si el trabajador no queda desempleado en los años de cotización.

Por eso es que el sistema de pensiones de capitalización individual recibe muchas críticas. No es que esté mal diseñado, es que fue concebido para una sociedad ideal, con un mercado laboral formal en su totalidad, salarios competitivos y facilidades públicas de mejora de la calidad de vida.

Nada de eso es lo que se vive en el país actualmente y los trabajadores ven 30 años de cotización como demasiado, aunque no es así, así como la espera a los 60 años de edad como mucho, aunque tampoco es así; pues difícilmente alguien a esa edad, con buena condición de salud decida retirarse. Y sobre los años de cotización, basta con pensar que, si una persona consigue empleo a los 22 años, llegaría a los 30 años de cotización con 52 años, muy lejos de la edad de retiro. Pero esa es otra realidad.

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