El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados por la explosión en San Cristóbal, en la que perdieron la vida 34 personas, 59 resultaron heridas y causó daños materiales que el órgano acusador califica de «incalculables» hasta ahora.

La medida fue depositada en contra de la familia propietaria de la empresa que se dedicaba al reciclaje Vidal Plast, señalada en el informe preliminar como el lugar donde ocurrió el siniestro el 14 de agosto de este año.

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En contra de Eduard Vidal se solicita un año de prisión preventiva, mientras que para su esposa Maribel Sandoval y su hija Carolina Vidal se pide garantía económica y presentación periódica. La medida también incluye a la empresa.

Según el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, divulgado este martes, gases inflamables producto del calentamiento de plásticos acumulados en el epicentro del siniestro pudo ser la causa de la detonación.

«Las ondas expansivas fueron hacia los laterales y hacia el techo de la estructura, esparciendo partículas incendiadas hacia los edificios contiguos, los cuales fueron afectados, generando los incidentes que provocaron las víctimas y los incendios en los locales siniestrados. El lugar de la explosión fue destruido totalmente cayendo el techo y los muros sobre los depósitos de plásticos almacenados, incendiado por la misma explosión y plástico acumulado», agrega el documento.