Ramón Porfirio Báez y Elizabeth Beriguete,representantes de mipymes | Foto: Yohan Castillo
La consultora de micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), Elizabeth Beriguete y el representante de la Federación de Industriales (FAI), Ramón Porfirio, pidieron este miércoles que se haga un proceso de veeduría ciudadana y monitoreo al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) en los procedimientos de compras y contrataciones que involucran a ese sector.
“Llamamos a la atención y pedimos que en Inabie debe hacerse un proceso de veeduría ciudadana, pero también de monitoreo. La veeduría le corresponde a las asociaciones que albergan micro, pequeñas y medianas empresas, junto a los técnicos y el monitoreo le corresponde nada más y nada menos que a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas”, manifestó Beriguete al ser preguntada sobre su petición.
Durante una entrevista en El Gobierno de la Tarde, la consultora explicó que nos solo están interesados en el Inabie, sino en todas las instituciones que califiquen para albergar las mipymes.
De igual forma, afirmó que el Inabie tiene un gran poder de compras y contrataciones sobre los temas de educación y que el año pasado usaron más de 26 mil millones del Estado, “más que 15 ministerios” juntos.
“Sin embargo, esa institución es juez y parte, ellos deciden qué, cómo y cuándo hacer lo que tienen que hacer, y !ay! de aquel que diga algo porque se ‘quillan’”, criticó Beriguete.
En ese tenor, Ramón Porfirio explicó que como veedor renunciante del Inabie, entiende que el fallo de las veedurías se pueden resolver haciendo uso del artículo 72 de la ley 340-06, que dice que cualquier persona puede denunciar una irregularidad.
“Cualquier ciudadano con dos dedo de frente, cualquier abogado, cualquier ingeniero, puede leer los términos de una licitación y ver el portal transaccional el proceso de la licitación y si encuentra que algo no está bien, tiene todo su derecho en escribirle una cartita de amor a la Dirección General de Contrataciones Públicas… hacer una denuncia de una irregularidad de un proceso”, aseguró.
